Los empresarios se unen frente al acoso fiscal del Gobierno

Dicen que el Palacio de la Moncloa embruja a sus presidentes. Los inquilinos se acostumbran a la vida fácil, la atención permanente y el poder para hacer y deshacer a su antojo hasta perder el contacto con la realidad. Aznar nos embarcó en la guerra contra Irak en contra de la voluntad de la mayoría; Rajoy perdió la noción de lo que costaba un simple café y Sánchez ha hecho de la resistencia una filosofía de vida sin importar los medios para conseguirlo.

El traspié que sufrió esta semana por el Tribunal Constitucional es una muestra de la precipitación con que obra el Gobierno. Las prisas nunca son buenas consejeros. Su empeño en cambiar la ley orgánica del Poder Judicial a través de una enmienda al Código Penal fue un error, cuando podía haberlo hecho en un plazo de tiempo similar con una simple proposición de ley.

En su afán por controlar instituciones como el Defensor del Pueblo, la CNMV, la CNMC o, en este caso, el tribunal de garantías el Gobierno creyó que podía pasar por encima de las leyes con sus mayorías en el Congreso y en el Senado. Sánchez buscó un atajo para cambiar la legislación saltándose la Constitución. Hasta la UE le ha recordado que lo fundamental es el respecto de las leyes. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es colar la reforma de los delitos de sedición y malversación con la excusa de "normalizar la relación con Cataluña". Una falacia.

Con la rebaja de las penas por sedición y malversación a los líderes independentistas, el Gobierno se ganó el apoyo para asegurar los Presupuestos y sus proyectos de legislatura. Pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ya apunta hacia la celebración de un referéndum, que conduzca a la independencia con sólo un 55% de aceptación. A nadie se les escapa, que el control del Constitucional facilitaría sus objetivos.

Los independentistas experimentan un goteo a la baja desde el proçes. Fue la fortaleza del Estado lo que les hizo retroceder y convencerse de que era imposible lograr su objetivo, como ya le ocurrió al ex lehendakari Juan José Ibarretxe en el País Vasco.

Los catalanes jamás pudieron pensar que La Caixa o Sabadel o grandes empresas como Naturgy o Abertis abandonarían su sede en Barcelona. Tampoco imaginaron que la UE no secundaría sus pasos. Cuando miles de empresas emprendieron su éxodo mientras Bruselas miraba para otro lado, su mundo imaginario se derrumbó bajo los pies. La división del independentismo, unido al fracaso de sus políticas económicas y sociales (es la autonomía con mayores impuestos), remató sus aspiraciones.

Entre las preocupaciones del mundo económico, que crea una sensación de inestabilidad jurídica contraria a las inversiones, está la constante improvisación del Ejecutivo. En sólo cuatro años desde la llegada de Sánchez al Gobierno se han aprobado 132 decretos leyes, 15 más que en los dos mandatos de Rajoy, que se prolongaron durante seis años, casi el doble.

Sánchez, cuando era jefe de la oposición, acusaba a su antecesor de abusar de los decretos. Pero ahora es peor que él. Con su Gobierno, nuestro país ha perdido puestos tanto en el índice de libertad económica, que mide la capacidad de las personas para ejercer su actividad sin restricciones estatales, así como en el ranking sobre la facilidad para hacer negocios (doing business) elaborado por el Banco Mundial. Episodios como el de esta semana contribuyen a sembrar la desconfianza en la gestión y en la seguridad jurídica de las inversiones. Los expertos consultados por elEconomista advierten de que a medio plazo puede afectar incluso al empleo o a la prima de riesgo.

La sensación de impotencia de los empresarios es creciente ante esta capacidad del Gobierno para producir leyes y decretos destinados a coartar la libertad económica y a encarecer los impuestos. A los gravámenes a eléctricas, bancos o rentas altas se han unido el incremento del SMI o de las cotizaciones máximas y del mecanismo de compensación intergeneracional para las pensiones.

Este acoso fiscal al mundo económico provocó la reelección de Garamendi al frente de la CEOE con más del 85% de los votos y luego facilitó la firma de la paz con el presidente de Foment, Josep Sánchez Liibre, que se escenificó esta semana.

Después de su reelección y la derrota de la vicepresidenta de Foment, Virginia Guinda, Garamendi telefóneó a Sánchez-Llibre hace una par de semanas para concertar una cita. No lo hizo por voluntad propia, si no por recomendación de las grandes empresas, que le dieron su voto. Aún se vanagloria de tener el apoyo de La Caixa pese a la procedencia de Guinda.

Sánchez-Llibre se resistió al principio a reunirse con él. La cita se produjo tras una segunda llamada, en vísperas de la presentación del nuevo organigrama de la patronal, el miércoles pasado.

En éste encuentro previo, Garamendi anunció a Sánchez Llibre que contaba con él como vicepresidente para su segundo mandato, pero le pidió que dejara las relaciones con las Cortes, que ha ejercido durante más de una década, desde la etapa de Juan Rosell. Éste lo aceptó de inmediato de buen grado, porque hace tiempo que tiene planes para contar con una embajada propia de Foment en Madrid. Aprovechó para pedirle un incremento de los representantes en el comité ejecutivo de la CEOE. Garamendi acordó multiplicar el número hasta los seis miembros, el triple que Madrid.

Este es un aspecto relevante, ya que el presidente de la CEIM, Miguel Garrido, pasó de opositor a defensor de Garamendi a cambio de lograr la vicepresidencia primera, pero su organización se quedó sólo con dos miembros en el comité ejecutivo.

En la cesión de Garamendi pudo influir también la existencia de unos audios grabados cuando hablaba con su secretario general, José Alberto González-Ruiz, de los que tuvo conocimiento una semana antes de la cita.

En la conversación entre los dos principales directivos de la patronal salen a relucir fuerte reproches a Sánchez-L libre y a los presidentes de Faconauto, Gerardo Pérez, y de Asaja, Pedro Barato. Les acusan verbalmente de haberse aprovechado de su presencia en los órganos de la patronal sin aportar ningún tipo de pruebas en su contra.

Pérez, al que se llega a tildar de presunto estafador, estuvo a punto de presentar su candidatura a la presidencia de la CEOE, aunque la retiró en el último momento. Barato había dado su aval al presidente de Faconauto, pero luego se lo volvió a prometer a Garamendi, tras recibir diversas presiones.

En medios cercanos al presidente de la patronal se le quita importancia al asunto al tratarse de "una conversación informal mantenida en vísperas electorales", aunque se reconoce que podría resultar "una bomba" en manos de Foment o de sus adversarios.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que se planteó presentar una candidatura alternativa, es también otro de los perdedores en el nuevo organigrama al quedar por detrás del presidente de CEIM. Además, su nombre apareció publicado por debajo del presidente de ATA, Lorenzo Amor, cuando se trata del segundo en el escalafón de la patronal. El descuido causó un revuelo en Cepyme porque se da la circunstancia de que de Amor suena como el sustituto de Cuerva.

El presidente de la patronal reserva un destino incierto a Cepyme. En conversaciones informales ha señalado estos días su voluntad de fusionar las dos organizaciones, como hizo la patronal catalana recientemente.

La CEOE sólo necesitaría una mayoría cualificada para absorber a su organización hermana. Pero se trata de una maniobra arriesgada porque Cepyme es la única junto a CEOE reconocida por el Gobierno como interlocutor social en las negociaciones laborales. La aspiración de Conpymes, respaldada por Pimec de Antonio Cañete y por la vicepresidenta Yolanda Díaz, de ser reconocida como interlocutor social en lugar de Cepyme y romper la hegemonía de la CEOE podría abrirse camino.

El pacto entre Garamendi y Sánchez-Llibre fue posible por las fuertes presiones de bancos y energéticas. Garamendi incorporó a la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y a María Helena Antolín, vicepresidente del gigante automovilístico burgalés.

El presidente de Foment logró una rápida aprobación del pacto por su Junta Directiva, partidaria de seguir en la patronal española, y el miércoles recibió una larga ovación en la CEOE cuando se levantó para agradecer la "generosidad" de Garamendi.

Los máximos responsables de ambas organizaciones escenificaron así, al igual que hicieron en 1839 los generales Espartero y Maroto en el Abrazo de Vergara que puso fina la primera guerra carlista, la unión de sus intereses en un momento de legislatura tan complicado. ¡Feliz Navidad!.