La problemática de la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en España

El Parlamento de la Unión Europea decidirá este mes la posibilidad de sancionar a aquellos estados miembros en los que el despliegue de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos se esté desarrollando de forma demasiado lenta. España es uno de esos países en los que la implantación de las redes de carga se está realizando más despacio de lo previsto -tan solo por delante de Grecia-, algo debido principalmente a los trámites asociados a este tipo de instalaciones y a las solicitudes a las distribuidoras de energía, que suelen demorarse más de un año desde el final de las obras hasta la puesta en marcha del punto de carga.

En su momento, el Gobierno se fijó como meta contar con 100.000 puntos para vehículos eléctricos en el año 2023. La realidad es que, actualmente, solo hay operativos cerca de 15.000. Ejemplo de estos obstáculos administrativos es nuestra propia situación: 105 puntos de carga instalados en España a la espera de que la distribuidora de energía conteste a nuestro expediente para conectar los cargadores al punto de suministro de energía.

En este contexto, con el objetivo de acelerar la instauración de puntos de recarga, el Gobierno dictó normativas que obligan a su instalación en las gasolineras con más ventas, centros comerciales o edificios de la Administración General del Estado y sociedades dependientes, entre otros. Sin embargo, el Gobierno debería estar más preocupado en establecer plazos de instalación que en presionar a los propietarios de espacios comerciales para tener cargadores. El tiempo que requiere disponer de un punto de carga funcional en España es desmesurado.

Cerca de un 40% de puntos públicos instalados o en fase de instalación siguen a la espera de la obtención de las licencias o permisos necesarios. En la tramitación de estos permisos suelen intervenir las tres administraciones (local, autonómica y central) y se puede tardar hasta entre 20 meses en conseguirlos.

También debemos tener en cuenta que disponer de un punto de recarga de entre 350 y 400 kilovatios supone una inversión de unos 250.000 euros y, muchas veces, el coste de conectarse a la red representa un porcentaje muy elevado.

A todo esto, debemos añadir también que, desde hace ya más de una década, España ha puesto en marcha un programa de ayudas a la compra de coches eléctricos. Un proyecto que ha vivido una montaña rusa en cuanto a dotación presupuestaria, pero que ha compartido un mismo resultado: el fracaso absoluto. Pero, ¿a qué se debe?

En primer lugar, se trata de un programa diseñado desde el desconocimiento donde el cliente debe adelantar el 100% de la inversión y luego esperar e implorar que la administración le abone una ayuda de entre 5.000€ y 7.000€ que puede demorarse años. Para ser más específicos, todavía hay gente esperando la ayuda de 2020.

En segundo lugar, esta ineficiencia en el sistema de ayudas afecta directamente a la venta de vehículos eléctricos. Aunque las ventas sí han aumentado (más de un 30% en 2020 y 2021 con respecto a 2019), la cuota de mercado en España sigue siendo ínfima: un 2,78%. Mientras tanto, vemos como el resto de la Europa desarrollada progresa favorablemente en ventas con cifras en torno al 10%-15% en mercados como Alemania, Francia, Portugal o los países nórdicos.

La conclusión que se puede extraer es que las administraciones se han convertido en una de las principales problemáticas para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España, tanto por el diseño de un programa de ayudas a la compra de vehículos totalmente funesto, como con normas que frenan de forma injustificada la activación de unas estaciones ya instaladas.

La realidad es que España no será capaz de cumplir con la normativa que exige una infraestructura mínima en las edificaciones para la recarga de vehículos eléctricos para 2023. Es imprescindible que se creen las condiciones óptimas para acelerar esta transición y que España pueda situarse entre los países líderes en movilidad sostenible y descarbonizada.