El plan de Montero reducirá el PIB, la recaudación y el empleo

La precipitación no es buena. Montero anunció una reforma fiscal exprés, presionada por los cambios de los barones autonómicos del PSOE, y dirigida casi únicamente a golpear a los ricos. Desde el mismo nombre, el plan ya anuncia que su intención es más política que económica: "Medidas sociales para la Justicia Social (...)".

¿Gravar con el 1,7% los patrimonios de más de tres millones de pequeños empresarios, emprendedores o directivos que han logrado sortear la crisis en los últimos años gracias a su buen hacer es hacer justicia social? No son grandes fortunas, como presume la ministra de Hacienda, se trata de personas que crean riqueza y proporcionan empleo a miles de trabajadores en España gracias a su esfuerzo y que ahora se verán tentados a trasladar sus inversiones a países vecinos como Portugal. El plan, en vez de favorecer "la eficiencia económica" como reza en su título, crea muchas ineficiencias, porque espantará la llegada de inversores.

El Gobierno está obsesionado con los ricos y las grandes empresas, a las que ya penalizó por sus beneficios extraordinarios, influido por sus socios de Podemos, a riesgo de poner en tela de juicio la seguridad jurídica, y se olvida de las clases medias trabajadoras, a las que no destina ni un euro.

Un estudio del instituto germano IFO asegura que un impuesto de Patrimonio como el nuestro en Alemania, mermaría el 5% del PIB y destruiría más de 100.000 empleos a medio y largo plazo. ¡Justo en el momento en que nos asomamos a la recesión! Además, se penalizan las plusvalías fiscales cuando hay que impulsar el ahorro para combatir la crisis y la inflación.

Como ya señalamos, Patrimonio es un impuesto obsoleto, que rechazan casi todos los países de Europa (con excepción de los nórdicos, con rentas per cápita mucho más elevadas y una población menor) porque representa una doble imposición.

El Tribunal Constitucional ya tumbó, hace una década, una medida parecida del presidente socialista François Hollande, por considerarla contraria "a la igualdad de las cargas públicas". La iniciativa provocó que grandes empresarios hicieran sus maletas para irse a Bélgica o Suiza. Sánchez debería tomar nota, tras la salida de Hollande, jamás un socialista volvió al Palacio del Elíseo y hoy es un partido secundario.

En opinión de la práctica totalidad de los fiscalistas, el gravamen es inconstitucional porque invade las competencias de las autonomías, su hecho imponible es el mismo que el de Patrimonio y, encima, no respeta el límite de que la suma de Renta y Patrimonio no supere el 60% de los ingresos.

Con estos antecedentes, los tribunales lo tumbarán en unos años y Hacienda tendrá que devolver su cuantía con intereses, como ya ocurrió con el modelo 720, introducido con la misma precipitación por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para aflorar patrimonios en el extranjero.

La ministra de Hacienda, que hasta ahora se había negado tanto a introducir un impuesto para las grandes fortunas como a reducir la fiscalidad, tuvo que improvisar una reforma exprés por la presión de los barones autonómicos socialistas. Montero, después de que el presidente valenciano redujera impuestos y deflactara la tarifa autonómica, telefoneó uno por uno a los barones socialistas para que postergaran sus anuncios.

Una hora antes de la rueda de prensa convocada para las 11 de la mañana del jueves, la vicepresidenta Calviño aún no se atrevía a confirmar las medidas en una entrevista con Susanna Griso en Antena 3, porque faltaba el visto bueno de Podemos. El plan había sido presentado a sus socios de coalición a la 1 de la madrugada en el marco de las negociaciones para subir la renta mínima vital.

Con este poco tiempo para elaborar un buen plan, el Gobierno se centró en castigar a las rentas altas y a las grandes empresas de nuevo, a las que detraerá 4.000 millones en dos años en lugar de favorecer a rentas medias, como había prometido, o a pequeños empresarios y autónomos. Las medidas para estos dos colectivos apenas representan 290 millones. Una ayuda cicatera teniendo en cuenta el tsunami al que se enfrentan este otoño, con el encarecimiento de los préstamos, el fin de los créditos ICO y de la moratoria concursal y que las rebajas se limitan a empresas con menos de un millón de ingresos anuales.

Si además tenemos en cuenta la rebaja fiscal para las clases bajas, entre 18.000 y 21.000 euros, el esfuerzo fiscal alcanzaría 1.800 millones, menos de la mitad que el hachazo a grandes fortunas o empresas.

El plan nace muerto, porque no servirá para ayudar a colectivos necesitados como autónomos y pymes, y mucho menos para dar un impulso a la economía, pese a que Hacienda dispone de recursos tributarios extraordinarios por la inflación.

Según los datos oficiales, en el primer semestre la recaudación se incrementó en más de 22.000 millones, sobre todo por el Impuesto de Sociedades, y la suma podría duplicarse, hasta los 45.000 millones a finales de año. El Gobierno ha anunciado hasta ahora medidas anticrisis por unos 15.000 millones, aunque Sánchez las evaluó en el Senado en 30.000 millones.

Con estas cuentas, Hacienda obtendrá en este ejercicio unos ingresos extraordinarios, descontado el plan anticrisis, de entre 15.000 y 30.000 millones, a los que habría que sumar otros 8.000 o 10.000 millones al negarse a deflactar la tarifa del IRPF.

¿Por qué el Ejecutivo no es más generoso? A priori se podría pensar que Calviño no es consciente del tsunami que viene. Ella sigue insistiendo en que no habrá recesión y que la actividad duplica a la del resto de Europa. Pero la vicepresidenta primera también destaca la ortodoxia financiera para que los mercados financieros nos vean como un país sin riesgo alguno de impago.

El ascenso del ultraderechista movimiento Hermanos de Italia de Giorgia Meloni al Gobierno de Roma ha despertado la bicha de un ataque a la deuda de los países del Sur. España tiene 30 puntos menos de deuda que Italia, pero con un 120% del PIB y una trayectoria al alza es mejor ser precavidos.

Lo peor está por llegar. La inflación, que se relajó en más de un punto en septiembre, sufrirá un repunte a finales de año por el corte del gas ruso y el embargo petrolero europeo. El BCE no tendrá más remedio que acelerar la subida de los tipos de interés para seguir los pasos de la Reserva Federal, que los situará en el 4,6% el año que viene, y proteger el euro. Alemania está ya en recesión y el resto de Europa irá detrás, incluida España.

Entonces, ¿por qué las autonomías se lanzan a una loca carrera por bajar impuestos? Primero, porque el impacto presupuestario es mucho menor que en el Estado, en el que cada punto de bajada a las clases medias se pierde unos 2.000 millones de recaudación. Y luego, la proximidad a las elecciones las obliga a contrarrestar el movimiento que desencadenó el presidente andaluz, Juanma Moreno, al retirar Patrimonio.

Hacienda está quedándose con 800 euros de cada ciudadano de la clase media, según los cálculos de elEconomista, al no deflactar del IRPF. Es decir, sube la presión fiscal en lugar de bajarla para empujar a la economía.

Calviño y Montero se equivocan. La economía necesita un shock liberalizador, que quite trabas a la inversión y reduzca los tributos a la clase media. Es cierto que esto en un momento de crisis deprime la recaudación, pero regenera la confianza de los inversores y permitirá superar antes el bache. El experimento de la primera ministra británica, Liz Truss, es quizá excesivo por la cuantía de la rebaja de 55.000 millones de golpe, que ha hundido hasta la libra. Las medidas anunciadas por Montero mermarán el crecimiento, la recaudación y generarán desempleo, es decir, ahondarán en la depresión.

PD.- El otro síntoma de nerviosismo son los cambios en RTVE para amordazar la opinión de la televisión y la radio públicas en vísperas electorales. El Gobierno se saltó los estatutos del ente público y las políticas de pactos con la oposición, para designar a dedo como presidenta a Elena Sánchez.

Detrás de su carrera brillante en TVE, está su marido, Pedro Pablo Mansilla, un empresario cercano a Pedro Sánchez y a Zapatero, que en la etapa de este último, con Luis Fernández como presidente de RTVE, se encargó de la venta de los terrenos del ente.

Las prisas y las malas formas dejarán a la nueva presidenta sin poderes ejecutivos, ya que no contará con el poyo de los dos tercios del Congreso. Todo está pensado para que la dirección editorial descanse en José Pablo López, el ex director general de Telemadrid cesado por Ayuso y repescado como director de contenidos de TVE, mientras el poder económico pasará al actual secretario general, Alfonso Morales, nombrado por los Migueles (Barroso y Contreras), que son quienes se beneficiarán de los contratos con productoras externas. Un expolio de la tele pública en toda regla y un ataque sin precedentes a la libertad de prensa e información.