Opinión: Paraíso autonómico

Con motivo del anuncio del Presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que suprimía el impuesto sobre el patrimonio e invitaba a las empresas catalanas a trasladarse a su tierra, se han encendido todas las alarmas.

En Europa ha sido suprimido en todos los países excepto en Suiza, Noruega y España. Los expertos fiscales consideran que se trata de un impuesto que puede llegar a ser injusto y su capacidad recaudatoria es casi irrelevante.

Imaginemos una persona con un patrimonio elevado pero incapaz de generar rentas: los propietarios de obras de arte, inmuebles que no rentan, tales como las fincas rústicas o edificios históricos; deberán vender parte de su patrimonio para pagar este impuesto anualmente.

Con independencia de esta disquisición técnica y política, centrados en nuestro país, España es un país federal, aunque sea llamado por cuestiones políticas, autonómico. Cada una de las diecisiete autonomías posee competencias de diversa índole y muchas de ellas pretenden asumir cada vez más.

Cada uno de los gobiernos autonómicos debe administrar de la mejor manera su territorio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y deberá tomar decisiones que redunden en su progreso, tanto en lo social como económico o cultural.

Nuestra constitución en un principio visionó tres autonomías, Galicia, Cataluña y el País Vasco, pero presiones de toda índole consiguieron el "café para todos" y al fin se diseñaron diecisiete, incluyendo territorios o regiones que jamás se hubieran imaginado regirse por sí mismos y por ello carentes de toda mentalidad de autogobierno.

Las autonomías, con capacidad de gestión y de generar leyes, deben competir unas con otras para desarrollarse y para ello elaboran normas para iniciar las vías que cada una de ellas crea oportunas para con seguir su desarrollo.

Esta competencia, derivada de la libertad de acción de cada una, puede generar y de hecho es así, fricciones entre ellas, pero esto no es malo para el ciudadano, al contrario, se generan expectativas que pueden beneficiar tanto a las personas que pertenecen a aquella autonomía, como a otras que prefieran ubicarse en el lugar que más les convenga en función de sus intereses o bien de sus proyectos de futuro.

A raíz de la decisión de Moreno Bonilla, quien ha visto los frutos que ha obtenido la Comunidad de Madrid desde hace muchos años al rebajar la carga fiscal de sus ciudadanos, muchos políticos solicitan la armonización fiscal, es decir la uniformidad fiscal para toda España.

Esta solicitud para unificar la fiscalidad está en contra del espíritu de nuestra Constitución que defiende la diversidad y autonomía de nuestras comunidades autónomas. Asimismo, es perjudicial para el ciudadano, ya que, al imperar una idéntica fiscalidad en todo el Estado, carece de oportunidades electivas.

El Gobierno, vistas las protestas de varios gobiernos autonómicos y la deriva que puede tener esta libertad de regular diecisiete modelos fiscales diferentes, pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas, uniforme para toda España, y para que nadie escape del pago de cualquier tributo mediante el traslado de domicilio fiscal a una autonomía más pródiga.

Si decidiera promulgarlo, tengo mis dudas en cuanto a su constitucionalidad, ya que estas competencias se hallan delegadas en su mayor parte. Además, podría incurrir en una doble imposición, ya que el contribuyente debería pagar el impuesto autonómico y el estatal basado sobre la misma cuestión, el patrimonio de las personas.

La sociedad y el mundo, a pesar de su globalización, desea una administración cercana al lugar donde reside

En fin, hace ya muchos años, todos nosotros nos impusimos un país descentralizado, innovamos sin conocer las consecuencias de aquella decisión, pero hoy, transcurridos muchos decenios y cargados de experiencia, la mayoría de los ciudadanos no desean modificar su modelo de país. Al contrario, la sociedad y el mundo, a pesar de su globalización, desea una administración cercana al lugar donde reside.

La competencia generada entre autonomías es positiva y debe defenderse como defendemos todos la libertad. Es indudable que según el gobierno que gestione una determinada autonomía, ésta podrá salir beneficiada o perjudicada según sea administrada por un determinado partido político u otro, pero el ciudadano será objeto de deseo y el gobierno autonómico que mejor administre y mejor venda su territorio, será el que aglutine mayores expectativas.