'Sandbox': Tan urgente como necesario

"Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?". Con tan acertada cita del escéptico economista John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía y del discurso de la necesidad de la intervención pública estatal en la economía, debemos hacer referencia a la situación actual del Sandbox.

Allá en febrero de 2018 se aprobó el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero, conocido también como la iniciativa Sandbox: aquél espacio controlado e instrumento supervisor que, bajo un esquema ley-protocolo, podría haber colocado ya desde entonces a España –siempre tras su precursor inglés– a la cabeza de la inversión europea en materia tecnológico-financiera.

Actualmente, ninguna persona con conocimientos e interés relativos a la industria financiera y de la innovación se pregunta qué es el Sandbox. Todos lo conocen. Hoy en día, la duda es otra: ¿por qué no se aprueba ya el Sandbox mediante Real Decreto-ley? Como es sabido, el 24 de septiembre de este año se disolvieron el Congreso de los Diputados y el Senado, convocándose a su vez elecciones que tendrán lugar este noviembre. En principio, hasta el día 3 del siguiente mes no volverán a constituirse las Cámaras, y por ello le corresponde ahora a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ejercer las funciones que constitucional y reglamentariamente tiene atribuidas. Entre éstas, se halla la prevista en el artículo 86 de la Constitución Española, respecto de la posibilidad de dictar Reales Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

Pues bien, no son solo los principales actores del mercado, la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) o los economistas y abogados conocedores del sector los que afirman la concurrencia de los presupuestos habilitantes de urgencia y necesidad, sino también la propia doctrina del Tribunal Constitucional (TC). En este sentido, en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018, del TC, se requieren, por un lado, "la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación", es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, "la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella". Además, conforme la referida doctrina del TC, el uso dicha medida se viene admitiendo de manera general para satisfacer "situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes".

Si no se aprueba, se estaría rechazando a conciencia la inyección de casi 1.000 millones de euros de inversión y la creación de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo

Ya asistimos, en diciembre de 2018, a la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto-ley que abordaba aspectos considerados inaplazables que afectaban a la competitividad de los sectores industrial y comercial (el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio). Según el propio texto normativo, "el cambio de paradigma hacia un modelo de economía circular y […] requiere un esfuerzo por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad".

Teniendo en cuenta estos antecedentes, cualquier inacción resulta incomprensible. La tesitura es la siguiente:

- Existe carácter de urgencia, ya que de no aprobarse el Sandbox en España antes de enero de 2020, Portugal e Italia se adelantarán en la aprobación de iniciativas similares (calco, por cierto, en este último país del referido Anteproyecto español), lo cual conllevará una radical fuga de talentos a dichos países así como la decadencia de la competitividad del mercado español en el sector de innovación financiera. Debe tenerse en cuenta que en España, tanto entidades crediticias de primer rango como PYMEs y startups llevan preparando sus proyectos para estar listos en el momento de la entrada en vigor de la ley Sandbox desde antes de la aprobación de su Anteproyecto. Si no se aprueba ya, todo ello no habrá sido en balde para dichas entidades –que acudirán a otros países–, pero sí constituirá una irremplazable pérdida económica y de talento a nivel estatal.

- Es evidente la necesidad de la aprobación del Sandbox español, ya que de lo contrario se estaría rechazando a conciencia la inyección de casi 1.000 millones de euros de inversión y la creación de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo (lo cual, vistos el panorama económico y la tasa de paro actuales, podría calificarse incluso de "actuación temeraria").

Además, dado el rango legal exigible para la efectiva aplicabilidad de la iniciativa Sandbox, así como la urgente necesidad ya referida, resulta irrefutable que los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia requeridos para la aprobación del anterior mediante Real Decreto-ley se cumplen íntegramente.

Ha cambiado el paradigma del modelo de negocio e inversión financiera, hacia un modelo de innovación tecnológica que requiere un esfuerzo de adaptación por parte del estado español. Y es que, o se aprueba el Sandbox ya, o no se pondrá en marcha hasta junio de 2020 como pronto (mediante tramitación parlamentaria normal). Lo que no parece quedar claro es que entonces, será demasiado tarde: España se habrá convertido en uno de los últimos países europeos en adoptar una iniciativa similar, y su modelo se habrá visto superado.

Lo que en su momento hubiese podido tramitarse como ley ordinaria, a día de hoy requiere que se le reconozca un status de urgente necesidad suficiente como para justificar su aprobación mediante Real Decreto-ley. El Sandbox se ha convertido en una medida inaplazable, que requiere de una acción inmediata si no quiere perderse. Las circunstancias han cambiado, y hemos cambiado de opinión –el Sandbox necesita ser aprobado por Real Decreto-ley ya–. ¿Ustedes que van a hacer?