Surrealismo en la Diputación Permanente

Los viernes electorales del Gobierno de Sánchez no parecen tener otra finalidad que la de obtener votos como sea. Por eso, en el debate de convalidación de los seis decretos leyes de Sánchez solo cabía esperar electoralismo. Sin embargo, finalmente el resultado fue simplemente surrealista.

En primer lugar, el PSOE estaba dispuesto a ganar las seis votaciones a cualquier precio. Sánchez, en esta línea, no dudó en echarse en manos de Otegi (Bildu) y acordar transferencias con el PNV con el objeto de sacar un solo decreto-ley, el de alquileres, que ya había sido rechazado por el Congreso, y que era una imposición de Podemos.

La aritmética de la Diputación Permanente difiere de la del Pleno, y probablemente el lector no la conozca: veinticuatro diputados del Grupo Popular, quince del Grupo Socialista, doce del Grupo Confederal de Unidos Podemos, seis del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, uno del Grupo Vasco, y por último cuatro del Grupo Mixto. A estos sesenta y cuatro diputados en representación de los grupos parlamentarios se añade el voto de la presidenta del Congreso y, por tanto, de la Diputación Permanente. En total, sesenta y cinco diputados representan a los trescientos cincuenta que los españoles eligieron en las últimas elecciones.

El punto clave son los cuatro del Grupo Mixto, porque la suma de diputados del Partido Popular y Ciudadanos alcanza, incluyendo a Ana Pastor, los treinta y un diputados. Por el otro lado, la suma del PSOE, Podemos, ERC y PNV son treinta diputados. Para llegar a treinta y tres diputados, el Gobierno del PSOE necesita sumar tres miembros del Mixto, y uno de ellos, Íñigo Alli, se presentó en listas conjuntamente con el PP (UPN). Los otros tres diputados titulares son Carles Campuzano (PdeCat), Joan Baldoví (Compromís) y Marian Beitialarrongoitia (Bildu).

Obviamente, Sánchez había pactado el contenido de los seis decretos-leyes con Puigdemont, Junqueras y Pablo Iglesias. Por eso se explica que PdeCat, ERC, Podemos y Compromís hayan votado sin fisuras los seis decretos leyes. Pero dada la aritmética de la Diputación Permanente, esto no bastaba. Para superar los veinticinco votos del PP, que incluyen a Ana Pastor que preside la Diputación Permanente, los seis votos de Ciudadanos, y eventualmente el de UPN, hacían falta los dos votos del PNV y del partido heredero de Batasuna, Bildu.

Hasta aquí la teoría, porque difícilmente se puede entender el surrealismo que sigue. En primer término, si hay un caso evidente de extraordinaria y urgente necesidad es adaptarse a un eventual Brexit duro o a las bravas, caiga o no en campaña electoral en España. Como siempre, el Gobierno de Sánchez podía haberlo hecho todo antes y mejor. Pero no se puede tomar como rehenes a las empresas españolas y a los ciudadanos españoles en el Reino Unido. O más bien sí se puede, pues eso es lo que hizo el PP, votando en contra. Eso no bastó, porque Ciudadanos, que es un partido responsable votó a favor, y el Decreto Ley se convalidó.

Otra situación similar se refiere a la prórroga de las inversiones financieras sostenibles de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Esto permite a las Administraciones que tienen superávit emplearlo, parcialmente, en inversiones productivas, evitando que se cobren impuestos a los ciudadanos para dejar el dinero en una cuenta corriente sin remuneración. Esto no es ninguna novedad, porque se hizo exactamente lo mismo en un Decreto Ley de 2018 del Gobierno del PP de Rajoy. Cuando digo lo mismo, quiero decir que el artículo del decreto ley de 2019 es una copia literal (cambiando el año) del de 2018.

Como señaló el portavoz del PP, Carlos Floriano, a la portavoz socialista, Susana Sumelzo: "Fíjense si es razonable que es una copia de lo que hacía el Partido Popular, y la cuestión es por qué no lo hicieron mientras estaban en el Gobierno. Porque yo, señora Sumelzo, no puedo estar más de acuerdo con usted". Bien, el PSOE sigue en el Gobierno, y sí, el PP votó en contra, sabiéndolo, de una cuestión razonable, que era una copia de lo que ellos mismos habían hecho, y además lo sabían. Y el tema no era menor, porque de haber salido que NO, miles de millones de euros de inversiones no se habrían hecho en 2019. Nuevamente, Ciudadanos votó que sí a lo mismo que había votado favorablemente con el Gobierno del PP, la posibilidad de que los ayuntamientos que cumplan el déficit puedan realizar inversiones, por lo que el Decreto-Ley se convalidó.

No fue lo único surrealista, porque la ministra de Trabajo estuvo diciendo que su decreto ley de medidas laborales costaba 700 millones de euros, cuando en la memoria se estimaba el coste recurrente en 1.588 millones, y solo en la extensión del subsidio de desempleo en 1.340 millones. Además, la ministra Valerio negó que hubiese problemas con el reconocimiento del subsidio, que ya está en vigor, cuando el día anterior su ministerio había sacado una nota de prensa reconociendo que había 24.000 personas a las que no se le había reconocido una ayuda urgente, un 43% de los solicitantes, porque había dudas sobre el decreto-ley...

Pero lo más surrealista es que, dada la posición responsable de Ciudadanos, y pese a que el PSOE no quiso negociar nada con nosotros, Sánchez solo necesitaba el apoyo de Otegi y el PNV para el decreto-ley de alquiler, que además era una imposición de Podemos. Pues bien, el PSOE hizo infinitas llamadas al ex-etarra Otegi, y se comprometió a realizar siete transferencias al País Vasco, incluyendo la autopista AP-68 la semana que viene. Y todo, exclusivamente para poder subir el IBI un 50% a las viviendas vacías, con diecisiete legislaciones distintas, y, sobre todo, para reparar "el honor" de que el Decreto Ley tras que no fuese convalidado la primera vez que se presentó.

Desde Ciudadanos creemos que las cesiones de Pedro Sánchez al separatismo deben terminar, y consideramos que es simplemente surrealista pensar que podemos llegar a ningún acuerdo con este PSOE después de las elecciones.

En cualquier caso, Sánchez ya ha elegido socios: Pablo Iglesias para la economía, los independentistas catalanes para la política judicial lingüística y el PNV y Otegi para garantizar la igualdad de los españoles.

En la Diputación Permanente, Sánchez dejó claras sus prioridades. La nuestra no es otra que hacer que pase... a la oposición.