A la caza de los morosos

Pezqueñines no, gracias. Debes dejarlos crecer", fue una campaña que sirvió para que los consumidores asumiéramos que debíamos evitar la compra de aquellos pescados que no satisficieran el tamaño mínimo que garantizara la explotación sostenible de los recursos marinos.

Pues bien, la morosidad es un barco pesquero que arrasa con nuestro ecosistema empresarial. Y lo hace al margen de la Ley, pero con la sospechosa complicidad de nuestros representantes políticos que se niegan a fijar procedimientos efectivos de sanción.

Una de sus consecuencias más perversas es que impide el crecimiento de las empresas que la sufren, ya que sus recursos financieros se consumen financiando el desarrollo de sus clientes en lugar de invertirse en su propio desarrollo. La morosidad congénita en sectores como el de la construcción afecta a la estructura productiva de nuestro país: al castrar el crecimiento empresarial la productividad del conjunto decrece -a menor tamaño medio de las empresas menor productividad- y, como consecuencia, la productividad del conjunto sale perjudicada en beneficio de los grandes players.

No obstante, la entrada en vigor del régimen sancionador que recoge la Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad está bloqueada, en standby, a la espera de pulsar el botón que acelere su tramitación parlamentaria.

El rechazo de los PPGG y el consecuente adelanto electoral lo ha dejado en el aire y, con ello, se ha constreñido el que hubiera sido un balón de oxígeno para pymes y autónomos, que ahora podrían asfixiarse por la impunidad de la que gozan muchas grandes empresas a la hora de retrasar sus pagos.

¿Cuántos partidos políticos prevén en sus programas dar luz verde a esta Proposición de Ley? ¿Cuántos grupos parlamentarios son conscientes de la urgencia de acabar con esta lacra y losa para la competitividad de España, el país de la UE con los plazos de pago más largos?

Los últimos datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) resultan muy elocuentes y señalan que durante el año pasado el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en tres días y en el sector privado en cuatro, alcanzando los 68 y los 81 días, respectivamente, muy lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.

Las grandes corporaciones resultan las más incumplidoras a la hora de pagar las facturas y, entre ellas, las constructoras se encuentran entre las más morosas, pese a que su beneficio será el mayor de la década.

El incumplimiento de los plazos de pago, en el ámbito del comercio y suministro de material de construcción, además de impedir el desarrollo competitivo de las empresas genera un modo de competencia desleal. Las pymes se ven obligadas a financiar a las constructoras medianas y, muy especialmente, a las grandes. Asimismo, han de competir con las grandes superficies de distribución que, en algunos casos, ya pagan a sus proveedores a más de 160 días. Y aquí la pyme se ve atrapada, financiando a sus clientes, mientras que sus competidores -amparados por la anacrónica Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin)- utilizan la financiación que les genera saltarse la ley a la torera para desarrollar y fortalecer su posición. Pero no debería confundirse la libertad de mercado con modelos que acaban siendo liberticidas del mercado, porque tienden a generar grandes concentraciones de la oferta.

La morosidad ha causado el cierre, aproximadamente, de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el estallido de la crisis. Y el bloqueo de la ley para sancionar a los morosos mantiene en vilo a algunos sectores clave para la economía española, pudiendo terminar acelerando la temida nueva desaceleración. Que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con una misma piedra lo demuestran, mejor que nadie, nuestros políticos, quienes parecen taparse los ojos o mirar hacia otro lado frente a la herencia de vicios insanos del pasado.