Tribunales: Novatos, ocurrencias y opacidad

En esta legislatura que termina he realizado muchas preguntas que han quedado sin respuesta. Por ejemplo, decenas de preguntas sobre la gestión que el gobierno del PP realizó en Cataluña en aplicación del artículo 155. Tampoco tuve más suerte en las preguntas acerca de las cifras. Mis preguntas sobre el cuponazo vasco tampoco obtuvieron respuesta. Sinceramente, no esperaba respuestas, y mucho menos cifras, sobre uno de los asuntos más opacos de la Democracia. Ahora bien, que no haya respuesta a cuestiones evidentes sí me ha llegado a sorprender.

Llevo tres años, y dos legislaturas, intentando conocer cuál es el importe pendiente de deuda tributaria en los Tribunales Económico Administrativos. Buena parte de toda esta deuda está suspendida, y por lo tanto, no se cobra. Además, si la Administración Tributaria pierde el pleito está obligada a pagar el coste de las garantías. Y por supuesto, sigo sin saber el importe pendiente y qué parte está suspendido.

Por supuesto, un contribuyente debería tener derecho a obtener respuesta de los órganos administrativos, y los Tribunales Económico Administrativos lo son, en los pleitos que tenga con las Administraciones Tributarias. Si el contribuyente tiene razón para que se la den. Y si, según los Tribunales Económico Administrativos no la tiene, para que un Tribunal jurisdiccional pueda revisar su caso. Cualquier ciudadano tiene derecho a no pagar más impuestos de los legalmente exigibles. Y a que se le diga en un plazo razonable si los impuestos que se le exigen son legales o no. Y a que un juez tutele sus derechos. Esto no son solo derechos elementales sino derechos recogidos en los artículos 24 y 31 de la Constitución.

Además, como la deuda tributaria pendiente no se cobra, ese dinero, en la parte que es correcta y ajustada a derecho, no puede ser destinada a financiar los servicios públicos. Por eso, al propio Estado le convendría rebajar esta bolsa de temas fiscales pendientes. Y para solucionar este problema lo que no se puede hacer es ocultarlo. No sólo es que no se responda a las preguntas de los diputados, sino que esta información, clave, pero que no es más que una estadística, no figura en las memorias de los Tribunales Económico Administrativos. Así en la última publicada, correspondiente al año 2017, la única referencia a la deuda pendiente es literalmente la siguiente: "...contribuyen a desbloquear la situación del importante volumen de deuda tributaria que se encuentra actualmente suspendida durante la sustanciación de la vía económico-administrativa."

Entre las medidas que pretenden contribuir a "desbloquear la situación" está que se destinen treinta y seis inspectores de nuevo ingreso, casi la mitad de la última promoción, al departamento de "presidencia del Tribunal Económico Central". El Tribunal Económico Administrativo Central no sólo resuelve los asuntos tributarios más cuantiosos, sino que también fija doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria. Esta asignación de destinos de la última promoción de los Inspectores de Hacienda salió publicada en el BOE el 14 de marzo pasado.

Sin embargo, ésta era una cuestión sobre la que yo había preguntado, primero a la Secretaria de Estado de Hacienda, y después por escrito. La pregunta es bastante sencilla: ¿Por qué se destina a resolver los casos más importantes y a fijar doctrina a los inspectores con menos experiencia? Y por supuesto, nadie se ha molestado en contestar. Y lo cierto, es que he visto muchos errores del actual gobierno socialista, pero por lo menos podía intuir una explicación. Por ejemplo, puedo considerar un error subir, o intentarlo, múltiples impuestos, pero está claro que se persigue aumentar el gasto....

Ahora bien, nadie entendería que la última promoción de jueces se destinase al Tribunal Supremo, ni como magistrados del Tribunal Supremo, ni tampoco como letrados. Por supuesto, nadie entendería que se hiciese lo mismo con los fiscales. De hecho todo esto no se hace, y parece que es por algo. Para fijar doctrina y resolver los casos de más importe, que casi siempre son los más complicados, se requiere algo elemental: experiencia. Y destinar novatos, que encima se pueden ir al cabo de un año, no es algo que ayude a resolver los problemas, sino que simplemente puede agravarlos, ya que obligará a sus compañeros más veteranos a un sobreesfuerzo para enseñarles. Y cuando hayan adquirido un mínimo de experiencia, y haya dejado de ralentizar el trabajo, es posible que se marchen.

Todo esto se agrava porque en los Tribunales Económico Administrativos, especialmente en el Central, se están resolviendo muchísimos expedientes al borde de la prescripción, con grave riesgo de que mucho dinero, de impuestos legalmente debidos, quede sin cobrar definitivamente.

Esta ocurrencia de destinar a inspectores y técnicos sin experiencia previa a revisar el trabajo de los más veteranos, e incluso a fijar doctrina vinculante, ha generado un enorme malestar entre los inspectores de Hacienda, tanto destinados en la Agencia Tributaria como en otros órganos del Ministerio. De hecho, la Asociación de Inspectores ya ha expresado públicamente su oposición radical a esta medida de la ministra Montero.

Por encima de todo, los ciudadanos merecen una justicia tributaria que merezca ese nombre. Y como señalaba Séneca, nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Para solucionar el colapso en los Tribunales hay que hacer reformas sensatas y destinar inspectores y técnicos experimentados. La opacidad y las ocurrencias no son el camino.