El espectáculo de las elecciones

El pasado viernes 15 de febrero recibimos el anuncio de los comicios electorales para el día 28 de abril, algo que ya se anticipaba debido al rechazo en el Congreso de los PGE 2019, que hace prácticamente imposible que el actual Gobierno pueda llevar a cabo muchas de sus medidas económicas e ideológicas centradas en un fuerte aumento del gasto social y de la recaudación tributaria, todas ellas con un fuerte tinte electoralista.

Así pues, cabe reflexionar sobre el impacto que el adelanto electoral tendrá sobre nuestra economía, sin perder de vista que, al menos a corto plazo, el efecto no va a ser muy significativo porque lo que ocurre en España son cuatro gotas de lluvia frente al temporal que se avecina y que tiene una escala más global. Los mercados y las economías son mucho más sensibles y reactivas ante otros problemas de mayor calado y que ahora mismo están en el punto de mira de todos los inversores, como es la desaceleración económica, el desenlace del Brexit y las políticas de comercio exterior de Donald Trump, que pueden afectar seriamente al crecimiento económico de los países.

En cualquier caso, los comicios que vamos a tener este año, y la fecha en que se van a celebrar, pueden provocar que 2019 sea un año sabático en términos políticos y legislativos, dependiendo del resultado electoral. La maquinaria electoral se ha puesto en marcha y entramos en una situación de mayor incertidumbre debido al parón legislativo que previsiblemente habrá durante los próximos meses y la incertidumbre acerca de la configuración final del próximo gobierno, su cohesión, estabilidad y capacidad de aunar consensos.

En este sentido, casi todas las encuestas apuntan a que el resultado electoral se decantará hacia una coalición de Gobierno formada por Ciudadanos, PP y Vox, repitiendo la misma fórmula de Andalucía. Aunque los agentes económicos se puedan sentir más tranquilos, no hay que lanzar las campanas al vuelo. El adelanto electoral no elimina las incertidumbres, sino que puede aumentarlas, ya que no solo deja en el camino algunas medidas sociales como el subsidio para parados mayores de 52 años, o deja en tierra de nadie temas como el de las pensiones y el Pacto de Toledo, sino que prolonga la situación de incertidumbre e inestabilidad que ha caracterizado los últimos ocho meses de gobierno, trufado de continuas idas y venidas, contradicciones o medidas de fuerte impacto económico que luego se negaban.

Eso genera miedo en los mercados, en los inversores y, por tanto, en nuestra economía, en especial si los apoyos del Gobierno son débiles. Además del gasto extra de 200 millones y de la mayor incertidumbre que supone que todos los comicios de este año no se celebren el mismo día, hay que recordar que el actual Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto, algunas medidas como la subida de las pensiones o del salario de los funcionarios, medidas que suponen unos 6.000 millones más de gasto, así como otras diversas que podrían aumentar el déficit en 10.000 millones.

Así pues, por una parte, los PGE rechazados no eran creíbles para la mayoría de los agentes económicos y sociales de nuestro entorno, pues basaban el aumento de los ingresos de 15.000 millones en un cuestionado crecimiento del PIB del 2,2 por ciento con un gasto público adicional de 20.000 millones que situaría el déficit en el 1,8 por ciento. Por otra parte, la prórroga de los presupuestos de 2018 hace evidente que lo único cierto son aquellas medidas de gasto aprobadas por Real Decreto, lo que en la práctica deja un agujero presupuestario que hará que el déficit público se eleve al 2,5 por ciento del PIB, con el consiguiente aumento de la deuda pública.

Teniendo en cuenta el efecto de desaceleración económica, que ya se evidencia a través de determinados indicadores adelantados de la demanda interna como la caída en más de un 10 por ciento de la confianza de consumidor, las ventas en el sector minorista, el consumo de las familias fuera del hogar o la venta de automóviles, los ingresos para las arcas públicas, así como la creación de empleo, se van a ver seriamente afectados. Todo ello propiciará que nuestra economía crezca por debajo del 2 por ciento si no se llevan a cabo las medidas adecuadas para amortiguar los efectos de los nubarrones que se vislumbran en el horizonte y que amenazan con convertirse en tormenta. El hecho de que los comicios sean a finales de abril pone de manifiesto que no habrá un Gobierno efectivo hasta después del verano, algo que no va a permitir arreglar el desaguisado que nos deja el saliente. Por tanto, se podría decir que el año 2019 está amortizado en términos de reformas estructurales que permitan fortalecer nuestra economía o al menos amortiguar su caída. Todo ello si no ocurre una suerte de coaliciones a la italiana, con gobiernos de corta duración, algo que no debería descartarse.

Otro factor que genera preocupación en los mercados son los últimos estertores del Ggobierno saliente, en fase terminal y que requiere de una atención especial ,que ya anuncia la aprobación por Real Decreto de medidas de gasto en la prórroga del partido. Algunas como cambios en la legislación laboral que, aparte del impacto en la economía, deja una herencia envenenada al próximo gobierno. Son los últimos coletazos de un Ejecutivo que busca rédito electoral en el tiempo de descuento.

La incertidumbre política junto con la falta de estabilidad son los peores ingredientes para una economía de mercado donde inversores, empresarios y consumidores necesitan conocer cuáles son las reglas del juego. Sin esos ingredientes no se pueden tomar decisiones de inversión y consumo. Por tanto, todo dependerá de la estabilidad política resultante tras las elecciones. Estabilidad que permita llevar a cabo las reformas estructurales que necesita este país. Reformas como la del sistema de pensiones, que ya es casi insostenible, la laboral, que reduzca significativamente el paro juvenil y el de mayores de 45 años, eliminando la precariedad, o reformas fiscales que alivien la elevada presión fiscal y a su vez permitan sanear las cuentas públicas, diseñando un modelo presupuestario que reduzca el gasto público no productivo y que posibilite alcanzar superávit, a la vez que reduzca la elevada deuda pública que ha vuelto a marcar un nuevo récord en 2018.

Mientras tanto, de lo que no hay duda es de las numerosas promesas electorales que unos y otros nos van a hacer en las próximas semanas, populistas cantos de sirena que sin consenso serán difíciles implementar. A pesar de todo, el espectáculo debe continuar.

Juan Carlos Higueras es profesor de EAE Business School