Las fantasías presupuestarias de Sánchez no son negociables

El pasado viernes volvía a casa escuchando en la radio a Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE, entre otros cargos, que estaba hablando de Ciudadanos. Entre las muchas descalificaciones vertidas, una en particular me llamó la atención: la crítica a por qué Ciudadanos no negociaba y enmendaba en lo que hiciese falta los presupuestos de Pedro Sánchez. Es una crítica relativamente frecuente entre algunos socialistas. De hecho, ésta parece la excusa perfecta para echarse en manos de los independentistas: como Ciudadanos no apoya los presupuestos pactados por Sánchez con Podemos, habrá que buscar el apoyo de los independentistas. Almunia concluía preguntándose cómo era esto posible cuando Ciudadanos y el PSOE firmaron un acuerdo de Gobierno en 2015: "¿Quién se ha creído que es Albert Rivera?"

Creo que merece la pena responder a las preguntas de Almunia. En primer lugar, Albert Rivera es un líder que confía en su equipo de economistas. Esto puede sonar extraño cuando los equipos económicos de los distintos partidos se han ido desmantelando, pero es así. Y esto vale para los presupuestos actuales de Pedro Sánchez y, también, para el acuerdo de gobierno de 2015. De hecho, merece la pena examinar si los presupuestos de 2019 se adaptan al acuerdo de gobierno de 2015 entre el PSOE y Ciudadanos. La respuesta a esta pregunta es no.

Desde una perspectiva liberal se puede negociar y llegar a un acuerdo con posiciones socialdemócratas, pero no es posible llegar a un acuerdo presupuestario con el populismo que prescinde de la estabilidad presupuestaria. Así, en el acuerdo de 2015, el PSOE y Ciudadanos nos comprometimos a "mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE". Y también nos comprometimos a "cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura". Entonces, por cierto, el final de la legislatura, antes de que se repitiesen elecciones, estaba en 2019.

Los presupuestos de 2019 no mantienen ningún compromiso con la estabilidad presupuestaria y no cumplen los objetivos de déficit renegociados con las autoridades europeas del 1,3%, ni tampoco con el nuevo supuestamente del 1,8%. De hecho, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el escenario central es el 2,2% de déficit, y eso contando con un superávit del 0,5% de las entidades locales. También el Banco de España considera que los ingresos tienen un grave riesgo de desviación a la baja, traduciendo que están inflados, y que el déficit excederá del 2%. Las estimaciones de la oficina económica de Ciudadanos, como he reflejado en varios artículos en el Economista, son similares, quizás algo más pesimistas, que las del Banco de España y la Airef. No conozco a ningún economista que no sea miembro del Gobierno de Sánchez que no considere que los ingresos en estos presupuestos están inflados. Y tampoco conozco a nadie que considere que con estos presupuestos vayamos a tener unas finanzas saneadas a final de año.

El propio Gobierno admite que la Seguridad Social presenta una desviación de más 7.000 millones respecto de su objetivo de déficit.

Estas cuentas para cumplir nuestros compromisos europeos, y para no perjudicar gravemente la credibilidad de nuestras finanzas públicas y dañar, aún más, nuestro crecimiento económico, solo admiten una enmienda: la de totalidad y devolución al Gobierno. La desviación del déficit en la Administración General del Estado y los fondos de la Seguridad Social es de 16.000 millones de euros, aunque unos 5.000 millones se compensarían con el superávit de los ayuntamientos. No es posible corregir vía enmiendas un agujero en el déficit de 11.000 millones. Para empezar, porque, según el reglamento del Congreso, el global de ingresos y gastos se fija definitivamente en el debate de totalidad. Además, no se admiten enmiendas contra los ingresos en los presupuestos. Por último, el PSOE y Ciudadanos no tendrían votos para sacar las enmiendas adelante ni en la Comisión de Presupuestos ni en el Pleno del Congreso.

No es una cuestión, ya, ni de cumplimiento de las leyes, ni de votos en el Congreso, es puro sentido común. Los presupuestos se tienen que hacer por partida doble: hay que tener ingresos suficientes para hacer frente a los gastos. Si se incrementan casi todas las partidas de gasto sin control, no hay ingresos suficientes. Esto es lo que le ocurre a estos presupuestos: que simplemente no cuadran. Y esto es un fallo estructural en un edificio, que no se arregla vía enmiendas con una mano de pintura. Y, de hecho, darle una mano de pintura a un edificio que se cae es colaborar en un fraude a los ciudadanos, con el único objetivo de que Sánchez aguante unos meses más en la Moncloa, sin verse obligado a convocar elecciones.

Estos son unos presupuestos no negociables, por lo menos para cualquiera que entienda algo de economía, y le importe algo el futuro de los españoles. El gasto sin control de hoy son los recortes y los subidones de impuestos de mañana. Por eso, Ciudadanos no va a negociar nada de estas Cuentas, no nos quedará más remedio que presentar enmienda a la totalidad y votar en contra de los presupuestos. Creemos que, por un mínimo de responsabilidad no se puede hacer otra cosa.

Y seamos honestos y realistas todos: el PSOE podemizado de Sánchez no ha querido negociar nada hasta ahora. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es que no haya convocado a nadie que no sea de extrema izquierda o separatista a hablar de presupuestos, es que ni siquiera ha comparecido en la Comisión de Presupuestos del Congreso, aunque estaba citada por la unanimidad de los grupos parlamentarios.

Incluso, Sánchez ni se ha planteado negociar nada cuando ERC primero, y luego PdeCat presentan sendas enmiendas a la totalidad. El PSOE sanchista ha preferido aceptar "mediadores internacionales" en sus conversaciones con los separatistas antes que negociar con los constitucionalistas. Lo peor es que las concesiones a los independentistas irán, mucho nos tememos, bastante más allá, incluso que los privilegios que el PP y el PSOE tradicionalmente les han concedido en muchos presupuestos.

Estamos ante unas pésimas Cuentas que, si son aprobadas por Podemos y los separatistas, perjudicarán a España y los españoles. Su única finalidad es que Sánchez se pague la campaña electoral más larga y cara de la historia. En tiempo de elecciones, hay que ir a las urnas y no proponer unas cuentas de la lechera, que tienen un precio económico y político impagable. Negociar las fantasías presupuestarias de Sánchez es un camino a ninguna parte.