El Gobierno de los jueces

Estos días la prensa está invadida de titulares y portadas acerca de la sentencia de la llamada "manada" y las manifestaciones en contra de la resolución judicial se han venido repitiendo en muchas ciudades. También se ha abierto una suscripción para inhabilitar a los jueces y parece que el número de adhesiones ya ha llegado al millón.

El Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones más importantes de la magistratura se han apresurado a salir al paso de tanta crítica, pidiendo respeto a las decisiones judiciales. Indudablemente que una de las patas del poder del Estado -el poder judicial- experimente un deterioro y que pueda llegar hasta una cierta deslegitimación, no deja de ser ciertamente poco tranquilizador.

Porque si nos preguntáramos quién o quienes han trabajado o estudiado de manera más exhaustiva el expediente, casi con toda seguridad tendríamos que concluir que los mismos jueces que han redactado la sentencia. Difícilmente se puede dar un juicio u opinión solvente de una cuestión sin no se conoce o se ha analizado de manera detenida. Y en cambio ello no ha sido obstáculo para que con carácter mayoritario el pueblo expresara ya un criterio, recuerdo -violación y no agresión-,  totalmente contrario al expuesto en la sentencia. Pero, insisto, normalmente quien puede ofrecer una opinión más objetiva sobre la naturaleza de un problema es la persona que la ha investigado o profundizado más. Es una cuestión que enlaza con la necesaria seriedad, no con la superficialidad, del diagnóstico.

¿La justicia es perfecta, inmutable? No claro. ¿O qué es lo que se creía? La justicia la imparten personas con sus virtudes y defectos, con sus fortalezas y debilidades, con su experiencia vital, mayor o menor. Porque cuando se habla de "confiar en la justicia" o del "respeto de las decisiones judiciales", en realidad ello no significa que se crea que todas las decisiones judiciales están amparadas por un principio de equidad, de justicia, de proporcionalidad o adecuada ponderación de los hechos y pruebas. Unas sentencias de los Juzgados, las Audiencias o el Supremo serán buenas, otras mediocres y también las habrá que son malas. Serán la consecuencia de la condición humana. Ni más ni menos. Pero ello no implica que en un sistema democrático tengamos que excluir, por esta circunstancia, al poder judicial. Porque el poder judicial sigue siendo una garantía- la única que tenemos- un freno, ante a las excesos del sector público y anomalías del sector privado.

Sí. Si no podemos confiar un mínimo en la judicatura "apaga y vámonos".

Porque no tenemos a nadie más que nos pueda defender.