Opinión

El 'procés' y la política territorial


    Santiago González-Varas

    Es significativo que el único problema en torno al asunto catalán es el territorio. Si no fuera por él, en realidad no habría mayor conflicto. Obviamente, la defensa del territorio es irrenunciable para el Estado español.

    No quiero que se me entienda mal, pero con la legitimidad que me otorga vivir a 750 kilómetros de mi tierra, si yo fuera catalán independentista y me sintiera realmente tan mal en territorio español, yo personalmente me trasladaría a vivir a la Cataluña francesa, por ejemplo a Perpiñán (exactamente, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Gerona y a menos de una hora en coche). Máxime habiendo libertades de circulación en la Unión Europea. A diferencia de mi caso, un catalán que se trasladara a Perpiñán seguiría además estando en una misma región (catalana).

    Por otro lado, si todo es tan bueno en Francia y tan malo en España… un motivo más para poderse trasladar: allí hay incluso mucho por hacer en la causa catalana. Pese a que Francia al parecer es un país de libertades, y España no, en la Cataluña francesa no hay todavía leyes en catalán, ni se habla catalán en la tele o en ayuntamientos o figura en las señales de tráfico…, ni se adoctrina en las escuelas. ¡Normalización! Sin embargo, da la impresión de que, más que buscar los independentistas la felicidad personal, tienen un ánimo solo de provocar y buscar conflicto.

    Si la causa independentista pudo darse, ha sido precisamente (siguiendo esta comparación entre Francia y España) por la incomparablemente mayor "sensibilidad" hacia lo catalán en España que en Francia. Tanta, que hasta la ley misma, como es sabido y sobran ejemplos, se ha venido incumpliendo sistemáticamente por el hecho de aplicarse en Cataluña.

    Es preciso que todo el mundo sepa o esté al corriente de la gran cantidad de procesos por los que se han venido sentenciando políticos del partido popular o del partido socialista cuando han cometido un hecho delictivo, incluso interpretable, como por ejemplo es la prevaricación, que, pese a ser censurable, no tiene las graves consecuencias (de crear pánico colectivo) que en cambio tienen delitos como los presuntamente perpetrados de sedición o rebelión. En estas circunstancias, ¿por qué la ley no tendría que cumplirse cuando el delito lo cometen políticos de otros partidos por el hecho de ser catalanes?

    Terminando la comparación con el país vecino, es curioso que una política más rígida con lo catalán (caso francés) pase finalmente por quedar libre de reproche, mientras que, por concederse más derechos, al final uno pase por ser más autoritario (caso español). Todo esto es una evidencia de que la política de "otorgar más" no puede seguir siendo la solución. Sería mejor seguir el modelo francés y cortar la vía de fomento a la ideologización y de fomento a la soberanía nacional propia.

    Si, pese a su benevolencia, la causa independentista no salió bien, fue porque nuestro Estado sigue teniendo una autoridad que le viene de siglos de historia siendo un interlocutor importante en prácticamente todos los acontecimientos que dieron lugar al mundo moderno, tal y como hoy lo conocemos.

    Esta personalidad histórica fuerte (junto al imperio de la ley) ha terminado venciendo sobre esa imagen negativa que de todos nosotros -los españoles- quisieron dar Puigdemont y otros, forzando tópicos distorsionados de lo español. Eso sí, el gran reto en estos momentos es dejar claro a la comunidad internacional cómo el proceso separatista se basó en la creación de falsedades y en una financiación al servicio de la secesión.

    Este conflicto debilita la economía, pero también debilita la política exterior, donde no podemos permitirnos levantar lo más mínimo la voz, por temor a crear aliados con la causa independentista. Eso sí, es momento de dar gracias, muchas gracias, a los países europeos, a Norteamérica e Iberoamérica y demás países del mundo, que nos han ayudado en momentos tan difíciles.