La eficiencia del sistema político es clave

E l pasado 23 de noviembre falleció Douglass C. North, Premio Nobel de Economía en 1993 junto con R. Fogel. Sus trabajos son esenciales para entender el proceso de crecimiento económico. En colaboración con R.P. Thomas nos ayudó también a entender las claves de la decadencia española a partir del siglo XVI, y su diagnóstico de la misma es una inestimable ayuda para entender nuestra evolución posterior, incluida la situación por la que atravesamos en la segunda década del siglo XXI.

Estos autores constataron que para que haya crecimiento son necesarias la inversión e innovación y, a continuación, se preguntaron por qué en algunas sociedades no hay ni la una ni la otra. Concluyeron que para que las haya es necesaria una organización económica eficaz, esto es, que suministre a los individuos incentivos para emprender actividades socialmente deseables.

Ello requiere un marco institucional y una estructura de los derechos de propiedad -derechos de exclusión- que equiparen las tasas privada y social de beneficio. Una adecuada organización de los derechos de propiedad es, pues, necesaria para el crecimiento económico. Para entender el papel que juega la propiedad en la promoción de la eficiencia, es necesario comprender que con la misma no basta: es necesario que haya, además, competencia.

Para que haya tal, se requiere, además de propiedad privada, libertad contractual y un tercero imparcial que imponga coactivamente el cumplimiento de las normas. Ese tercero es el Estado.

No resulta claro, sin embargo, cómo el Estado se puede comportar de manera imparcial, pues, como afirma North, si partimos de la hipótesis que maximiza la riqueza, resulta difícil crear el modelo, incluso de manera abstracta.

En otros términos, conforme a dicha hipótesis, quienes rijan el Estado usarán la fuerza coercitiva de éste en su propio interés y a expensas del resto de la sociedad. De ahí la necesidad de establecer sistemas efectivos de controles y contrapesos al poder político.

Pero, por muchos contrapesos y controles que se establezcan, no es nada fácil conseguir que los gobernantes promuevan derechos de propiedad eficientes, como lo acredita la pervivencia de reglas y derechos ineficientes a lo largo de la historia.

Según North, las reglas y derechos de propiedad ineficientes se mantienen bien porque los gobernante evitan antagonizar con sectores poderosos, bien porque los costes de establecer, medir y cobrar tributos en una economía abierta pueden dar lugar a que los gobernantes prefieran una economía más cerrada, con derechos de propiedad ineficientes que, sin embargo, produzcan ingresos más cuantiosos, porque su recaudación es menos costosa. Así, en la época estudiada, los monarcas prefirieron conceder a la Mesta los privilegios que ésta quería, a cambio de impuestos y en detrimento de los derechos de apropiación de los agricultores -los cuales v.gr.: no podían vallar sus cultivos, o estaban obligados a arrendar en épocas de trashumancia en las condiciones fijadas por la propia Mesta,-, en lugar de fortalecer tales derechos y evolucionar hacia un mercado abierto, lo que arruinó la agricultura, especialmente la castellana.

Que la estructura de los derechos de aprovechamiento que conllevan facultades de exclusión sea más o menos eficiente se halla, por tanto, en función del grado de eficiencia del sistema político.

En este sentido, la evolución de la política desde gobernantes individuales absolutos hacia Gobiernos democráticos es concebida típicamente como un paso hacia una mayor eficiencia política aunque solo sea porque la existencia de cuerpos representativos poderosos limita la capacidad de comportamiento depredatorio de los gobiernos. North y Thomas ponen a España -junto con Francia- durante los siglos XVI y XVII como ejemplo de derechos de propiedad ineficientes, frente a los ejemplos opuestos de Holanda e Inglaterra.

Por lo que se refiere a España, destacan cómo todos los detalles de la economía y de la política se estructuraron con el objetivo de promover los intereses de la Corona, no los de la nación, como era propio de un régimen absolutista . Con la rebelión de Holanda y la declinación del flujo de tesoros del nuevo mundo, las demandas fiscales - básicamente para librar unas guerras que solo interesaban a la dinastía reinante- sobrepasaron con mucho a los ingresos y el resultado fue la quiebra, el aumento de los impuestos internos, las confiscaciones y los derechos de propiedad inseguros.

Como consecuencia de ello, en un solo siglo, el XVII, España dejó de ser la nación más poderosa del mundo occidental desde el imperio romano para convertirse en una potencia de segundo orden. Francia siguió una línea parecida: una monarquía centralizada y burocratizada que supeditó los intereses de la economía a los del monarca.

Inglaterra y Holanda siguieron una línea diferente. La sociedad civil, especialmente los comerciantes, fueron capaces de crear cuerpos representativos que controlaron el poder de sus respectivas coronas, siendo capaces de mantener unos derechos de propiedad más fuertes, unos impuestos más bajos y un sistema judicial independiente.

Sustituyamos "Corona" por "gobernantes" e, incluso, por "clase política" y comprobaremos que estos análisis , como todos los grandes análisis, son de gran utilidad para entender la implacable racionalidad que subyace bajo nuestra realidad contemporánea.

Por ello, convendría tenerlos muy en cuenta si queremos entender la situación en la que nos encontramos y por qué hemos llegado a ella, y, a continuación, sacar las consecuencias pertinentes, tanto en relación a nuestros comportamientos y valoraciones individuales como en relación a qué debemos exigir de nuestros gobernantes y, por extensión, de nuestros políticos. En una democracia los ciudadanos debemos vigilar siempre nuestros derechos como tales, para que no sean sorteados por cualesquiera gobernantes, lo que incluye vigilar cuánto dinero nos demandan , para qué, cómo lo emplean y a qué lo destinan realmente. Los países desarrollados se caracterizan porque sus ciudadanos son especialmente intransigentes en todos estos aspectos.

Si no es así, los ciudadanos, de cuyas decisiones, especialmente de las electorales, depende en gran medida el comportamiento de los gobernantes, y, por tanto, la eficiencia del sistema político, corremos el riesgo de utilizar nuestro poder electoral para empeorar la situación.

Por ello, es imperiosa la necesidad de consensuar un sistema educativo con vocación de perdurabilidad que haga que los individuos comprendan y asuman que la libertad no está nunca asegurada, que debe ir acompañada de la responsabilidad y que competición y cooperación son aspectos esenciales y complementarios de nuestro diseño moral.

Simultáneamente, debe impulsarse una nueva la ley electoral, dirigida a hacer depender el futuro de cada parlamentario exclusivamente de sus electores, es decir, de su trabajo, en lugar de hacerlo depender de los jefes políticos de sus respectivos partidos, o lo que es lo mismo, de sus relaciones con el poder.