Opinión

El alcance del 'impuesto al sol'

  • España tiene una indudable ventaja competitiva en energía solar

Pedro Moraleda

En el omnipresente debate sobre energía se oye que nuestro Gobierno quiere poner un impuesto al sol, pero no hay que tomarlo al pie de la letra, porque ni vamos a tener que pagar por tumbarnos al sol este verano ni por generar electricidad utilizando paneles solares, si es que este fuera nuestro hobby.

Como en el caso de otros lemas ingeniosos, el del impuesto al sol ha calado bien en los medios de comunicación y desafía cualquier argumento lógico en contra, pero lo que realmente el Gobierno prepara es un canon para aquellos generadores de electricidad por cualquier medio que permanezcan conectados a la red para comprar electricidad cuando no generen suficiente para su propio uso, para vender cuando les sobre o simplemente para compensar lo que compran con lo que venden, lo que se llama balance neto. La fuerte crítica a este canon, que no es por generar sino por contar con el apoyo de la red, surge porque su importe parece abusivo y discriminatorio y porque pone barreras a tendencias como la generación eléctrica distribuida y el autoconsumo que incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que serán necesarios para cumplir los objetivos medioambientales internacionales.

Con un alto canon, el Gobierno trata de evitar que disminuya la contribución de los autogeneradores a los costes fijos del sistema y que vuelva el déficit de tarifa eléctrica o aumenten desmedidamente los costes para quienes no tengan posibilidad de autogenerar.

Pero con las tendencias pasa como con los fluidos, que siempre encuentran vías para superar los obstáculos. Un excesivo canon a los autogeneradores va a agudizar su ingenio en la búsqueda de medios para desconectarse totalmente del sistema y contribuir no con poco sino con nada a su mantenimiento. La evolución tecnológica está a su favor y, no menos, el ansia de liberarse de una factura eléctrica que se ha convertido en un compendio de gravámenes.

El mundo de la energía y especialmente el sector eléctrico han entrado en revolución acelerada. Hemos vivido la súbita irrupción de las renovables en generación eléctrica, irrupción que si bien fue inicialmente facilitada por las subvenciones, va a ser ahora impulsada por la progresión de su curva de aprendizaje y por políticas cada vez más sensibles medioambientalmente. La siguiente oleada de esta revolución puede ser la generalización del uso de paneles fotovoltaicos en hogares, comercios y pequeña industria, es decir, la evolución hacia la generación distribuida y el autoconsumo. Y, en este campo, España tiene una indudable ventaja competitiva que no conviene desperdiciar.

La conclusión es que el mal llamado impuesto al sol que el Gobierno propone no favorece precisamente la generación distribuida y el autoconsumo en contra de la evidencia y de las tendencias europea y mundial. Bien haría el legislador en adoptar un enfoque más flexible de la misma forma que lo ha hecho en la reciente regulación de energías renovables consciente de que es un sector en plena transformación en el que lo que hoy parece válido mañana puede ser contraproducente.

Mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico necesita también un enfoque distinto, no basado en conseguir más aportaciones, sino en reducir los costes y con una perspectiva más sensible a los cambios que se avecinan. El ejecutivo central, cuando actúa como planificador, debería compensar la natural tendencia de los operadores de infraestructuras y administraciones territoriales de invertir en exceso y mantener el criterio de coste mínimo para el sistema. A este respecto, sorprende que en el último ejercicio de planificación de la red eléctrica para el periodo 2015-2020 se prevea una inversión para mallado de red, actualmente de calidad muy aceptable, cuatro veces superior a la destinada a generación o a gestión de la demanda. De la misma forma que hoy tenemos costosas infraestructuras gasistas infrautilizadas, mañana puede suceder lo mismo con las eléctricas si el planificador no tiene en cuenta las necesidades de un nuevo modelo de suministro.