Empresas indefensas y trabajadores desconcertados: la Justicia ridiculiza la reforma laboral tumbando los ERE

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha tumbado este año un considerable número de ERE, lo que representa un cambio de tendencia porque hasta la entrada en vigor de la nueva reforma laboral muchos de ellos eran avalados por la Justicia. Indudablemente, la consecuencia más grave de este vaivén judicial es la aparición de un nuevo pozo de inseguridad jurídica que perjudica, más aún si cabe, a nuestro deteriorado entorno empresarial y laboral. Y los perdedores, como siempre, son los trabajadores y las empresas.

Evidentemente, las empresas cuyos ERE han sido anulados deben readmitir a los trabajadores despedidos. Y nadie tiene en cuenta que planificar y desarrollar un ERE implica un coste económico relevante, además del correspondiente coste social y humano, para la empresa.

Del mismo modo, la empresa que ejecuta un ERE diseña paralelamente un nuevo plan estratégico de viabilidad económico-financiera al objeto de impulsar el negocio de la compañía e intentar sacarla a flote. Por tanto, la anulación del ERE provoca que el nuevo proyecto de viabilidad empresarial quede desvirtuado completamente.

En relación con lo anterior, existen dantescos casos de compañías en concurso de acreedores que han sido obligadas a readmitir a los trabajadores previamente despedidos por medio de un ERE.

Los trabajadores, por su parte, se encuentran con la posibilidad de ser readmitidos pero una vez reincorporados se suelen asfixiar en un clima laboral hostil y que se ha deteriorado en todos los aspectos: baja productividad, problemas psicosociales (mobbing), problemas emocionales (escasa seguridad, baja autoestima), estrés por la incertidumbre, reducciones salariales...

Y todo ello en el supuesto caso que la empresa consiga competir o, como mínimo, mantenerse en el mercado después de la anulación del ERE. Porque las empresas competitivas y socialmente responsables planifican un ERE debido a motivos de viabilidad económica y no por capricho.

Recordemos que la Reforma Laboral determina, en relación al criterio judicial y al objeto de calificar un ERE, que los jueces deben guiarse únicamente por motivos relacionados con la concurrencia de circunstancias económicas negativas en la empresa. Pero, contradictoriamente, la Audiencia Nacional ha anulado ERE alegando defectos de forma, deficiencias formales u otro tipo de anomalías pseudo procesales.

¿Se ha vuelto la extrema politización de la Justicia en contra del Gobierno? ¿Qué dogma ideológico impera en la Sala de lo Social de la Audiencia y a qué asociación de jueces pertenece el presidente de la misma? ¿Ha ascendido por orden del PP o del PSOE? O erradicamos la politización de la Justicia o España no levanta cabeza.