Nada ha cambiado en España: la antigestión de lo público equivale a la ruina del país

La teoría de la lucha de clases se encuentra actualmente obsoleta aunque determinadas organizaciones sindicales y políticas, también desfasadas ideológicamente, pretendan seguir utilizándola para abanderar sus interesadas e injustas protestas. En España, este concepto ha evolucionado y su significado apunta en la actualidad a un enfrentamiento entre un grupo extractor y minoritario, compuesto por la élite financiera y la oligarquía político-sindical, y los damnificados del sistema, que evidentemente son los empleados privados por cuenta ajena, los autónomos, los profesionales liberales y las pymes. (Y por supuesto, los parados).

El origen de este conflicto radica en la politización de la Administración, que se ha convertido en el enemigo de las empresas y los ciudadanos y en una de las causas por las que el país está en ruinas, ya que el coste de mantenimiento de la misma no deja de crecer.

A lo largo de la historia, multitud de regímenes dictatoriales, totalitarios y corruptos han llegado a su ocaso justamente en el momento en el que una tiranizada servidumbre, carente de los derechos fundamentales y saqueada por sus gobernantes hasta la saciedad, se decide a enfrentarse al poder con el objetivo de alcanzar la libertad porque ya no tiene nada que perder. Sin llegar a tal extremo, nuestro actual sistema pseudodemocrático se encuentra en una situación límite. El bipartidismo (sistema que, aunque en otros países funcione, en España se ha convertido en una dictadura partitocrática) está arruinando a millones de familias españolas y, por el contrario, mantiene a los dos principales partidos políticos millonariamente subvencionados.

La coartada de la crisis de deuda

¿De qué ha servido la brutal subida de impuestos del Gobierno y cuál ha sido el verdadero objetivo de la misma visto que se ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit de 2013? Según el Gobierno, España hace tiempo que dejó atrás la crisis de deuda soberana aunque realmente no es así, ya que los españoles hemos aceptado, vía imposición y no por derecho, el usufructo de la herencia de la citada crisis en forma de crecimiento constante del endeudamiento público.

Recordemos que España ha multiplicado casi por tres su deuda pública en los últimos seis años y que se encuentra en la actualidad rondando el peligroso límite del 100% del PIB. Y en función de las previsiones del FMI, la deuda de nuestras Administraciones Públicas seguirá creciendo hasta al menos el año 2018, año en el que se alcanzaría el 105% del PIB.

¿Podría volver a producirse una nueva crisis de deuda si los inversores decidieran, en el medio-largo plazo, que España no puede pagar su deuda al considerarla económicamente insostenible? Para que no siga creciendo la deuda es vital cumplir los objetivos de déficit, ya que se trata de un círculo vicioso que solo puede pararse reduciendo el gasto público. Y el Gobierno acaba de demostrar esta ecuación al incumplir el déficit del año 2013, superando en cinco décimas el objetivo.

Fiel a su estrategia basada en no hacer nada y esperar a ver si escampa, el Gobierno sigue fiando la recuperación a las exportaciones y, por supuesto, se lo juega todo a la carta del BCE, que debería adoptar nuevas medidas para estimular la economía de la Eurozona y alejar el riesgo de deflación.

La antigestión de lo público

Y todo ello por no hablar de la malversación de caudales públicos, un ilícito penal que se ha convertido en un jocoso término denominado "despilfarro" y apenas tiene consecuencias gracias al secuestro de la Justicia por parte de la casta política. Porque el problema de la economía española, al margen de las crisis globales que afectan a todos los países, es de origen interno y de índole política.

Tenemos que buscar respuestas en nuestro sistema político partitocrático, subvencionado y estructurado en función del Estado de las autonomías. Seguir el camino que está marcando Italia sería beneficioso para los españoles pero, contradictoriamente, perjudicial para los intereses del PP-PSOE. De hecho, Italia está comenzando a reducir su Administracion.

El Senado italiano aprobó la semana pasada, aunque esta aprobación debe ser refrendada por el Congreso para obtener legitimidad constitucional, la eliminación de las 73 provincias del país transalpino. La ejecución del citado plan conlleva la supresión de 3.000 cargos políticos y el consiguiente ahorro de 800 millones de euros. En términos económicos, la cuantía del coste no es demasiado relevante. Pero esta decisión del primer ministro de Italia supone, en primer lugar, un primer paso para reducir el peso de la Administración en el citado país y, en segunda instancia y de manera simbólica, una inyección de moral y optimismo para el sector privado italiano.

En definitiva, España debería afrontar primero el problema político para solucionar después el económico. Con la perspectiva que dan los años podemos decir que la Transición fue un fracaso travestido de éxito por la casta política, ya que ahora sabemos que no supuso más que el paso de una dictadura a una cleptocracia disfrazada de democracia.