El marco presupuestario europeo 2014-2020, gastar menos pero mejor

España necesita iniciativas serias para combatir los altos datos de desempleo juvenil.

Largos han sido los debates durante la aprobación definitiva del marco presupuestario en la UE para el periodo 2014-2020 (el denominado Marco Financiero Plurianual) y es lógico puesto que supone decidir en qué vamos a gastar los europeos 960 millones de euros, lo que por vez primera en la historia implica una reducción sobre el marco anterior.

Se han fijado ambiciosas metas que abarcan desde promover soluciones inteligentes para impulsar el crecimiento hasta la creación y financiación de infraestructuras sostenibles; actuaciones para reducir el desempleo juvenil y avanzar en la inclusión social; innovación, colaboración y orientación a obtener resultados. Por encima de todo, en el presupuesto europeo se incluyen políticas y asignaciones presupuestarias que tienen un papel fundamental para retomar el impulso de un crecimiento sostenible que se empieza a vislumbrar para más de 500 millones de europeos.

Las previsiones incluidas en el Marco respecto de la estrategia Europa 2020 -el documento de la Comisión que recoge las políticas prioritarias de la institución- hacen posible que la correcta ejecución de los recursos financieros asignados supongan un reto en la medida en que se aplique adecuadamente el principio de subsidiariedad: gestionar y adoptar las decisiones en el nivel administrativo más cercano al ciudadano teniendo en cuenta que las orientaciones generales son establecidas a nivel comunitario. El equilibrio entre ambos aspectos resulta clave en el momento actual para lograr la eficiencia del gasto y conseguir los objetivos previstos para cada política.

Entre las prioridades que interesan de forma indudable a España se encuentra la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. Su asignación financiera representa el 0,06 por ciento del marco financiero plurianual (MFP), lo que supone 6.000 millones de euros, de los que 1.800 millones financiarán actuaciones en España. Si bien parece que porcentualmente es una asignación escasa frente a la dimensión del problema que pretende atajar (en España el porcentaje de paro juvenil actual supera el 50 por ciento de dicha población) destaca no sólo el esfuerzo que se está realizando para su puesta en marcha lo antes posible, sino que la citada cantidad se complementará con otras medidas transversales con impacto directo e indirecto sobre el mercado laboral y la mejora del empleo en la UE, como por ejemplo, el Fondo Social Europeo que ha aumentado también su importe global respecto al marco anterior. No todas las prioridades ganan. La Agenda Digital, otra de las medidas recogidas en Europa 2020, ha resultado perjudicada en el proceso de negociación del presupuesto al pasar la asignación del epígrafe del mecanismo conectar Europa de 8.000 a 1.000 millones. Este recorte del 89 por ciento tendrá que ser compensado con inversiones adicionales procedentes del programa Horizonte 2020, que precisamente la Comisión había impulsado para hacer frente a las debilidades de la competitividad europea.

Al analizar los ejemplos mencionados sobre estas prioridades del marco financiero plurianual, es evidente que la correcta ejecución del principio de subsidiariedad se está poniendo hoy a prueba. ¿No deberíamos repensar y delimitar qué políticas se abordan mejor a nivel europeo y cuáles tendrían más impacto trasladándolas al ámbito nacional? Y ya dentro de este debate, ¿es necesario limitar el impulso de las instituciones comunitarias a la formulación global de políticas públicas y dejar a los estados miembros su ejecución con el margen de actuación actual o, por el contrario, el nivel comunitario tiene que intervenir en la ejecución y gestión de dichas actuaciones?

Es quizá éste un momento propicio, en el que comenzamos a vislumbrar una recuperación económica gradual pero con un cambio de paradigma en el que prácticamente nada será igual que antes de la crisis, para aprovechar la oportunidad de analizar, desde otro prisma los problemas y retos comunes. No olvidemos que se han combinado al mismo tiempo dos crisis: la económica, principalmente centrada en algunos estados miembros, y la político-institucional, que ha supuesto un verdadero debate sobre la integración comunitaria, sobre la propia existencia del euro como moneda común y el mismo futuro de la Unión Europea.

¿Más regulación? Así, tenemos el ejemplo de la mayor integración del sector bancario. Ahora nos damos cuenta de la necesidad de una legislación comunitaria más armonizada en este sector y, sin embargo, su gestación ha sido el resultado de un proceso totalmente reactivo: la crisis económica e institucional en la Eurozona. Es un caso claro de que las políticas públicas deben ser adoptadas con visión de futuro, proactivamente y fruto de la conveniente reflexión para que sirvan a los objetivos previstos.

También en materia de inmigración encontramos otro ejemplo para la reflexión, tras la tragedia acontecida en Lampedusa (Italia). Es menester preguntarse si las políticas específicas sobre inmigración pueden abordarse hoy con mayor eficiencia desde una perspectiva de la UE o deben reconducirse al nivel nacional, partiendo del supuesto de que estamos de acuerdo en que la Unión Europea no puede dar la espalda a esta situación que está lejos de ser puntual. La respuesta debe llegar por encontrar el equilibrio entre la acción comunitaria y la participación de los estados miembros, con la máxima eficiencia y grado de control de los recursos de todos los europeos.

¿Más regulación? Así, tenemos el ejemplo de la mayor integración del sector bancario. Ahora nos damos cuenta de la necesidad de una legislación comunitaria más armonizada en este sector y, sin embargo, su gestación ha sido el resultado de un proceso totalmente reactivo: la crisis económica e institucional en la Eurozona. Es un caso claro de que las políticas públicas deben ser adoptadas con visión de futuro, proactivamente y fruto de la conveniente reflexión para que sirvan a los objetivos previstos.

También en materia de inmigración encontramos otro ejemplo para la reflexión, tras la tragedia acontecida en Lampedusa (Italia). Es menester preguntarse si las políticas específicas sobre inmigración pueden abordarse hoy con mayor eficiencia desde una perspectiva de la UE o deben reconducirse al nivel nacional, partiendo del supuesto de que estamos de acuerdo en que la UE no puede dar la espalda a esta situación que está lejos de ser puntual. La respuesta debe llegar por encontrar el equilibrio entre la acción comunitaria y la participación de los estados miembros, con la máxima eficiencia y grado de control de los recursos de todos los europeos.

Precisamente, uno de los cambios relevantes para el marco financiero plurianual consiste en que los fondos no aplicados para las medidas que fueron previstas, se reasignen a otras prioridades de la UE en vez de que se pierdan por no ejecutarse. Esto permitirá que, con una gestión eficiente, el importe de ejecución presupuestaria sea muy elevado y se minimice el impacto del recorte presupuestario de la UE.

¿Esta flexibilidad animará a una ejecución más eficaz? Sin duda, en el haber de gobernantes y gestores de políticas públicas durante los últimos años es que han dejado de considerar como básico el indicador de ejecución presupuestario para fijarse en los resultados e impactos generados por dichas políticas. Por supuesto, este paso ha sido también fruto de la crisis económica que ha supuesto no solamente una reducción de los presupuestos públicos sin también una mayor presión de los ciudadanos que quieren conocer en detalle el destino de los fondos públicos.

En este sentido, es interesante comprobar que la atención a los resultados también es cada vez más visible en la auditoría y evaluación de los fondos de la UE, que tiene cada vez más en cuenta el rendimiento alcanzado por los proyectos y el cumplimiento de los objetivos previstos en lugar de centrarse únicamente en cuestiones financieras y de legalidad. Giro, que por otro lado y por las mismas razones, comienza a trasladarse al ámbito de la auditoría de fondos públicos a nivel nacional.

Obviamente, este cambio supondrá nuevos retos para todos los actores que participan tanto en la asignación como en la gestión y verificación los fondos de la UE. Tanto los organismos públicos de control como firmas de auditoría como KPMG que colaboran en estos trabajos tienen que seguir estas nuevas tendencias e innovar en sus herramientas y adaptaciones metodológicas que faciliten ese objetivo de ayudar a un más eficiente uso de los recursos de la UE.

El reto es que los trabajos de control y evaluación cumplan las expectativas de los ciudadanos que cada vez requieren más información y transparencia sobre el destino de los fondos públicos y los objetivos alcanzados con esos recursos y, adicionalmente, que los gestores puedan tomar mejores decisiones basadas en la información que les facilitan los propios trabajos de control.