Partidos millonarios y ciudadanos pobres

La idea de subvencionar a los partidos políticos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con dinero de todos los españoles, nació en la Transición con el objetivo de fortalecer la estructura y el desarrollo de los mismos, puesto que dichas formaciones, conceptualmente débiles al inicio de su andadura, necesitaron ayuda económica para poder asentarse.

En consecuencia, las subvenciones públicas a los partidos políticos estuvieron destinadas, principalmente y tras la entrada en vigor de la Constitución Española (la Carta Magna atribuyó a los partidos relevancia constitucional), a consolidar el proceso democrático en España.

Evidentemente, y después de más de tres décadas de "pseudodemocracia" en España, la finalidad por la que se comenzó a subvencionar a los partidos políticos ha quedado desfasada y obsoleta en la actualidad. La estrategia política de subvencionar a los partidos es antidemocrática y absolutamente insolidaria en nuestros días, sobre todo si se considera el entorno de crisis política, económica, financiera, institucional y de valores que padece nuestro país.

Mientras se subvenciona a los partidos, millones de españoles se encuentran en una indignante situación de desempleo y pobreza. La sociedad civil española está siendo expoliada para mantener unos burocratizados partidos que deberían financiarse en virtud de sus propios medios. Las millonarias subvenciones recibidas continuamente por los partidos, que ni siquiera se rigen por la Ley General de Subvenciones, han provocado que estos se conviertan en megaorganizaciones dotadas de un inmenso poder y de un desmesurado afán de control político.

Indudablemente, el altísimo grado de politización y de corrupción que soportan las instituciones públicas españolas y la conversión de nuestra Administración en una agencia de colocación para los allegados y los amigos de los políticos es el resultado de todo ello. No olvidemos que los partidos españoles se financian públicamente vía PGE (las comunidades autónomas y los ayuntamientos financian igualmente a los partidos) y también de forma privada a través de cuotas y donaciones (dotadas de incentivos fiscales).

La cultura de la subvención

Gran parte de la sociedad civil española reclama la abolición de las subvenciones a los partidos. No basta con reducir un porcentaje las subvenciones a los partidos (el Gobierno ha reducido durante dos años consecutivos un 20% las mismas) sino que es vital, en relación a la regeneración democrática que necesita España, erradicarlas completamente.

La eliminación de las subvenciones a los partidos, en el supuesto caso que algún gobierno decente y honrado pusiera en práctica esta medida, podría convertirse en un referente que terminara con la cultura de la subvención en España. Las subvenciones públicas a olos partidos deberían transformarse en ayudas sociales destinadas únicamente a los ciudadanos necesitados.

La mayor parte de los integrantes de la casta política española sostiene que el mantenimiento de un sistema democrático implica subvencionar a los partidos. No obstante, con esta fórmula de financiación pública la democracia es económicamente insostenible para los españoles porque debemos destinar parte de nuestros impuestos a financiar a los partidos y, por ende, a los numerosos políticos (muchísimos de ellos innecesarios y prescindibles) que trabajan para ellos.

El problema es que estamos financiando nuestra propia ruina porque los partidos y la monstruosa estructura política que los mismos han creado están minando la economía española.

Una alternativa saludable

La financiación privada de los partidos es mucho más democrática y económica porque esta opción ahorraría dinero a los españoles. La financiación privada permitiría que los ciudadanos o las empresas pudieran financiar de forma voluntaria al partido concreto con el que tuvieran mayor grado de empatía. Todo lo contrario de lo que sucede con el sistema de subvenciones actual, en el que los ciudadanos financian con sus impuestos a todos los partidos, independientemente de la afinidad política o de la intención de voto que tengan. Si los partidos representan a los ciudadanos (algo que no sucede actualmente en España) deberían ser estos quienes los financien de forma voluntaria.

La financiación privada de los partidos políticos representa una alternativa saludable que revitalizaría nuestro sistema democrático siempre que exista un riguroso control (regido por los principios de transparencia y publicidad) de las donaciones y aportaciones. Y es que habría que evitar que determinados lobbies presionaran inmoralmente a fin de conseguir que sus intereses particulares pudieran prevalecer sobre el interés general. Igualmente, se podría valorar el establecimiento de un límite de cantidad en relación a las donaciones y las aportaciones procedentes de empresas pertenecientes a determinados sectores estratégicos.

En relación con lo anterior y en aras de la transparencia, porque la gestión de los fondos de los partidos es opaca actualmente, una medida que debería adoptarse en España es la relativa a la despolitización del Tribunal de Cuentas con el objetivo de dotarlo de independencia y, a la vez, de agilidad para detectar cualquier infracción antes de su prescripción.

No se trata de importar sistemas de financiación privada procedentes de los países anglosajones, que tienen democracias muchísimo más asentadas que la nuestra, sino de crear un sistema propio que exima a los ciudadanos de la imposición de financiar con sus impuestos a los partidos políticos.

Pero me temo que la casta política española no está por la labor porque el mantenimiento de sus privilegios y su nivel de vida está por encima de los intereses de los ciudadanos. ¿Cuándo anunciará el Gobierno alguna reforma democráticamente regeneradora (eliminación de las subvenciones a los partidos y sus fundaciones afines, los sindicatos y la patronal) y que, además, beneficie económicamente a los ciudadanos?

Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.