Los prestidigitadores
En elEconomista lo advertimos hace meses, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, usa artificios contables para cuadrar las cuentas del Estado en lugar de emplearse a fondo en el recorte de las administraciones públicas, que podrían ahorrarse 28.000 millones anuales si eliminaran las duplicidades. Mucho más del ajuste previsto para este año.
Bruselas obligó esta semana a incrementar el déficit de 2012 del 6,7 hasta prácticamente el 7 por ciento debido a que Hacienda contabilizó como ingresos una parte de las devoluciones reclamadas por los contribuyentes. Una treta que el propio Montoro empezó a corregir en enero, mes en el que el déficit se incrementó en 20.000 millones. Me preocupa que el ministro de Hacienda no sea consciente de sus propias trampas, pero aún me inquieta más que sea un mentiroso. En una entrevista en TVE -siempre selecciona a los medios fieles a sus ideas, recientemente escogió a Expansión para su soflama-, se mostró convencido de que si Bruselas corregía sus cuentas sería para mejorarlas. Insólito. El jueves volvió a ser amonestado por intentar echar la culpa a Bruselas de cambiar las reglas. Otra patraña lamentable.
En realidad, como publicó elEconomista este jueves, la desviación es de 8.000 millones en lugar de los algo más de 2.000 destapados por la UE. Y eso sin contar las facturas guardadas en el cajón por las autonomías, en torno a 15.000 millones, y que Hacienda ingresó 6.000 millones por los adelantos en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, que mermarán en esa cifra los ingresos tributarios de este año.
Por eso, ni el Fondo Monetario, ni la Unión Europea ni siquiera el Banco de España confían en que se vaya reducir el déficit más allá del 6 por ciento ni este año ni el que viene. El esfuerzo de austeridad de las administraciones es ridículo comparado con el del sector privado.
Para más Inri, el encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas celebrado a hurtadillas esta semana apunta a que el Gobierno se dispone a hacer una excepción con Cataluña para aligerar la carga de su déficit, pese a que es una de las autonomías incumplidoras de los objetivos. ¿Este es el paradigma seguir?, ¿cuál es la guía para las demás?, ¿qué criterio se utiliza? Si el Gobierno quiere relajar las metas del déficit a Cataluña porque considera que es injustamente castigada con respecto a las demás, debería reformar la financiación autonómica, como prometió. Pero no recurrir a un parche, pactado además a escondidas.
Con todo, lo más grave acontecido en esta semana de pasión no es el artilugio contable de Montoro, que la UE pone ahora en evidencia, pero que ya conocíamos todos los que seguimos de cerca la evolución de las cuentas públicas. Existen otros dos temas peliagudos. La resolución de la crisis chipriota mediante un impuesto a los depósitos de más de cien mil euros volvió a poner de manifiesto la profunda división de Europa.
Una actitud incomprensible cuando Alemania tiene sus antiguas cajas de ahorro en dificultades y Holanda, pese a las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tuvo que socorrer a ING con 25.000 millones. O quizá ahí es donde les duele. Que ambos países resuelven sus problemas bancarios con el dinero público de sus gobiernos. El problema es la perpetua desconfianza de Alemania y sus países satélites hacia el Sur. Ellos son los culpables de que los mercados se hayan cebado con los bancos españoles o italianos, que están muchos más sanos que los alemanes.
Todos creímos que Chipre era un caso excepcional por su condición de paraíso fiscal y de elevadas cantidades de dinero en manos de extranjeros. Pero si no es así, ¿qué sentido tiene la Unión Bancaria? , ¿para qué vamos a entregar la supervisión de nuestros bancos a un ente europeo que no está dispuesto a socorrerlos en caso de dificultades? La solución la inventó el exgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo: un fondo de garantía de depósitos europeo, al igual que en España.
Por último, el tema de los ERE en Andalucía es la demostración palmaria de que los sindicatos están pringados hasta en la corrupción, al igual que los políticos. Sobre todo UGT, que es el más próximo a la Junta de Andalucía. Es incomprensible que aún cobren una comisión de alrededor del 3 por ciento por cada expediente y menos aún en la extinción de un contrato. Esta norma, que se implantó para dotarlos de una fortaleza económica frente a las empresas en la negociación, está obsoleta, se ha convertido en una vía torticera de financiación y ahora debería prohibirse por higiene democrática. Vivimos entre prestidigitadores, como el mundo de las sombras de Platón, donde nada es lo que parece.