Tensiones de tesorería en las pensiones
El sistema no soportaría una actualización de pensiones por el desvío de inflación.
Cuando en la reciente presentación de los Presupuestos para 2013, la vicepresidenta del Gobierno argumentó que por "una serie de necesidades de tesorería" se dispondría en el próximo ejercicio de 3.063 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social algunos no pudimos dejar de sorprendernos. Referirse a problemas de tesorería en un sistema de reparto, que es un sistema pay as you go, es reconocer abiertamente que las cotizaciones no cubren las prestaciones que se tienen que pagar. Esto indica que el deterioro económico, con el desplome del mercado de trabajo y el incremento exponencial del desempleo en estos cinco años de crisis económica están siendo demoledores para un sistema de estas características y que no sólo es el riesgo demográfico el que lo distorsiona, poniendo en entredicho la viabilidad del modelo en los próximos ejercicios, tal es la deriva actual del gasto y de los ingresos.
Lo más preocupante es que 2013 no será un hecho aislado. La propia Seguridad Social acaba de reconocer que ya este mismo año ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva, del que se habrían utilizado hasta ahora unos 1.700 millones de euros, probablemente para la paga de septiembre, del total de 3.063 millones que habría rescatado para dotar al sistema de la liquidez, cifra que significa algo más del 4 por ciento del importe acumulado hasta ahora, y que además afronta los próximos meses con fechas marcadas en rojo, como diciembre cuando coincidan la paga del mes y la extra de Navidad o enero, cuando deba abonarse la paga extra de actualización de las pensiones por la desviación de la inflación en el 2012, si es que se lleva a cabo. Si además le añadimos el rescate que hubo que realizar el pasado mes de julio del Fondo de Prevención de Gestión de las Mutuas, disponiendo de unos 4.500 millones, casi su totalidad, para hacer frente al pago de la extra de verano de los pensionistas, el panorama es, cuando menos, sombrío.
Es más, la tentación de aumentar las disposiciones anuales de liquidez del fondo para poder hacer frente al pago de las pensiones es ahora muy grande entre la clase política, de cara a evitar tener que recurrir a otros instrumentos mucho más costosos, como podrían ser un préstamo del Estado o, en el peor de los casos, acudir a un crédito del mercado financiero. Por ello se contempla cambiar la ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente impide rescatar más del 3 por ciento para prestaciones contributivas.
Probablemente esto significaría dilapidar el fondo en unos pocos ejercicios porque, aunque es intención del Ejecutivo reintegrar los recursos dispuestos, no se prevé que en los próximos años esto sea posible, al menos bajo el sistema actual. Lo que lamentablemente vendría a confirmar las peores proyecciones para un fondo joven al que no se ha dejado crecer, ya que no se han realizado las aportaciones que se deberían haber hecho con los excedentes generados en los años de bonanza económica y que fueron destinados, en parte, a otros fines.
La decisión de recurrir al Fondo de Reserva en principio cumple con la ley que lo regula, ya que la misma prevé únicamente un mínimo de dieciocho meses para acceder a la financiación de los excedentes del mismo y además el importe de esta disposición se destina con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. Sin embargo, sería interesante conocer cómo se han materializado las necesidades de tesorería, tanto de lo que ya se ha dispuesto como de lo que se va a disponer en los próximos meses. Recordemos que, antes de las disposiciones, la partida de tesorería líquida del fondo rondaba los 1.000 millones de euros y que del resto de la cartera, se invertía en deuda pública española un 90 por ciento. Dado que la financiación de la deuda española es una prioridad para el Ejecutivo de cara a no encarecer la prima de riesgo, es probable que la parte restante de lo que se dispondrá vendrá de la partida de "activos extranjeros", que suponen poco más de 7.000 millones de euros, por lo que la exposición a la deuda española del Fondo de Reserva se incrementaría, con lo que esto supone.
El debate de fondo que subyace bajo la utilización de los recursos del Fondo de Reserva es el de reflexionar hacia donde se encamina el sistema de pensiones públicas actual y si es capaz de mantener el sistema de prestaciones que conocemos en base a un equilibrio financiero necesario de un sistema sostenible. Afirmar que las pensiones «se están pagando puntualmente y se están tomando decisiones para garantizar la sostenibilidad» del sistema no es suficiente. Tampoco lo es achacar los problemas actuales a una sistemática desviación de ingresos. Lo que sí parece claro es que el sistema no soportaría una actualización de pensiones por la desviación de inflación, principalmente por el aumento de gasto que supondría, consolidado en ejercicios sucesivos.
Algunos reclaman la aplicación inmediata de las reformas paramétricas del 2011, lo que significaría eliminar o acortar significativamente los plazos establecidos, alargando la edad de jubilación y los años del cálculo de la pensión cuanto antes, que se traduciría en reducir el gasto en pensiones de forma rápida y efectiva. El Gobierno por su parte, se inclina más por acometer reformas puntuales sobre la Seguridad Social como modificar la regulación actual sobre la jubilación anticipada y la jubilación parcial para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal o revisar el factor de sostenibilidad. Quizá sea el momento oportuno de exigir una seria reflexión a nuestros gobernantes y clase política en relación con el sistema de pensiones en su conjunto, tanto para ser capaces de pagar las prestaciones actuales como de garantizar las pensiones del futuro de los que ahora cotizan.