Los problemas reales del sector eléctrico

A veces, los problemas se ven con más claridad desde la distancia. Es lo que debe sucederle a la Comisión Europea y a su comisario de Energía con el déficit de tarifa español, las medidas filtradas para tratar de resolverlo y el futuro de nuestro sistema eléctrico. Quizá los tentáculos del poderoso lobby eléctrico no han cruzado todavía los Pirineos. No por falta de medios, sino porque quizá piensen que es suficiente con haber convencido a los Gobiernos españoles de turno de que las renovables son las causantes del déficit de tarifa. Los ministros Sebastián y Soria han actuado de manera parecida en relación a las renovables. El primero sumió al sector en un caos regulatorio, con medidas retroactivas recurridas dentro y fuera de nuestras fronteras. El segundo se estrenó en enero con una moratoria a las renovables y, desde su Ministerio, no han dejado de filtrarse medidas perjudiciales y discriminatorias contra las energías limpias.

En Bruselas opinan de otra manera. El pasado mayo, la Comisión Europea transmitió al Gobierno español la recomendación del Consejo en la que se criticaba la moratoria a las renovables por desalentar la inversión y poner en peligro los objetivos a 2020. Pero lo más importante es que la recomendación denunciaba, literalmente, que "las verdaderas causas del déficit tarifario son la falta de competencia en el sector energético y una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas". Se puede decir más alto, pero no más claro.

Este mes, el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, ha trasladado al ministro Soria que los Estados deben "evitar medidas retroactivas a las renovables y que el sector energético español ha de ser tecnológicamente neutro y no tratar desfavorablemente a los proyectos de energías renovables". Según estimaciones de APPA, los nuevos tributos al régimen especial triplicarían los del régimen ordinario. Pero las tecnologías del régimen ordinario recibirían unas compensaciones que superarían con creces los recortes.

Ya sabemos, por propia experiencia, que tomar medidas contra el déficit sin abordar los problemas que lo generan no sirve de nada. No se han abordado importantes cuestiones para optimizar los costes del sector eléctrico: los pagos por capacidad -subvenciones innecesarias e injustificadas del 40 por ciento a tecnologías convencionales-, el sospechoso funcionamiento del mercado eléctrico -denunciado por la CNE-, los costes asociados a las redes de transporte, los costes de los mercados extrapeninsulares, la insostenible dependencia energética de las importaciones, superior al 85 por ciento... No se han abordado, en definitiva, los problemas estructurales del sector.

Por el contrario, se filtran medidas cuyo objetivo es reducir la retribución que perciben las energías renovables, optando por figuras impositivas que reducen las retribuciones de manera indirecta, contraviniendo las normas básicas de las herramientas fiscales, como la igualdad, la progresividad, la equitativa distribución de la carga tributaria o la no confiscatoriedad. Fijar un peaje o tasa a la generación sería retroactivo, al afectar a la seguridad de las inversiones ya realizadas, y también discriminatorio, puesto que tendría distinta cuantía por tecnologías y el régimen ordinario podría trasladar esa nueva imposición a los consumidores, algo que no podría hacer el régimen especial.

La UE y la mayoría de países del mundo, independientemente de su desarrollo, están apostando por las renovables: Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, Japón, Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, México... En los últimos 30 años, España ha demostrado tener visión de futuro, valentía por mantener una apuesta arriesgada y capacidad de desarrollo tecnológico y empresarial. Esto ha llevado a nuestro país a ser un referente mundial. Hoy, cuando nuestra apuesta puede traducirse en una oportunidad de negocio, de creación de empleo, de independencia energética y de reequilibrio de nuestra balanza comercial, algunos opinan que debemos retirarnos de la partida.

No se pueden tomar decisiones para solucionar los problemas del presente sin tener en cuenta sus efectos en el futuro. Y esto es lo que parece que quiere hacer el Gobierno, de acuerdo con el lobby eléctrico. Las compañías cotizadas rinden cuentas cada tres meses. Los políticos, cada cuatro años. Ninguno de estos períodos temporales es suficientemente largo para nuestro sistema energético ni para los intereses de nuestro país. No abordar cuanto antes los problemas del sector eléctrico es el verdadero problema del sector. Si no gestionamos el sistema eléctrico de otra manera, priorizando los intereses públicos frente a los individuales, y en los horizontes temporales adecuados, acabaremos de destrozar el ya maltrecho presente del sector de las energías renovables y pondremos en riesgo nuestro futuro.

Jaume Margarit es el director de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).