Cinco lecciones de Bankia

No hay que permitir que la miopía de los banqueros se traslade al sistema politico

Tiempo habrá de exigir responsabilidades políticas y penales, en su caso -que son distintas y no conviene mezclar-. Sobran diagnósticos de por qué estamos aquí y existe un amplio consenso técnico. Hoy toca confiar en que la reforma sea definitiva, porque no podemos permitirnos más inseguridad regulatoria y más desconfianza internacional, y sacar las conclusiones que tenemos que aprender para que no vuelva a suceder.

Primera: en las crisis bancarias lo importante es actuar preventivamente, lo antes posible, para sanear, consolidar y reestructurar el sistema financiero. El coste para el contribuyente es siempre menor cuanto antes se intervengan las entidades con problemas, para así evitar el contagio y la generalización de la desconfianza. No es una opinión, es una regularidad empírica aplastante que uno esperaría que estuviera en el ADN de todo supervisor. No ha sido así y conviene preguntarse por qué. Someto a consideración dos hipótesis que van un poco más allá del zafarrancho político habitual. Fue un error romper el consenso institucional en el nombramiento del gobernador y subgobernador del Banco de España. Algunos ya dijimos que en caso de que hubiera que tomar decisiones difíciles esto complicaría evitar la politización de la entidad. Como así ha sido. Pero también hay que cambiar la Ley de Autonomía del Banco de España, que configura un consejo con escaso poder donde la capacidad de decisión está en la comisión directiva, en la que por definición funciona el principio jerárquico y se elimina toda voz disidente. Es conveniente un consejo más reducido, con poderes ejecutivos y a tiempo completo, a semejanza del BCE. Un consejo que incorporase a algún extranjero, algún experto académico en el exilio y algún exbanquero. Cuatro o cinco personas que tomarían las decisiones, darían legitimidad y serían contrapeso del gobernador.

Segunda: una crisis bancaria siempre le cuesta dinero al contribuyente. Mucho al principio y luego se recupera una parte. Pero hay que tener un arma disuasoria y estar dispuesto a utilizarla; no puede ser otra que la amenaza de intervención y nacionalización temporal de las entidades insolventes. Toda crisis bancaria acaba siendo una crisis de confianza en la que el dinero no está seguro: el de los depositantes, los ahorradores, los bonistas, los accionistas o los acreedores internacionales. Acabar con la desconfianza exige la disuasión nuclear del Presupuesto. Y cuando, como en España, llega tarde y no tiene banco central propio, esa disuasión tiene que completarse con apoyo europeo, que podrá materializarse de una u otra forma pero que es imprescindible para recuperar la normalidad, y exige una valoración externa de los activos bancarios, del riesgo inmobiliario en los libros de todos los bancos españoles. Poner precio al suelo y a la vivienda es complicado cuando no hay mercado. Es un juicio de valor sobre muchas variables, entre otras la propia confianza. Y como el descrédito institucional, interno y externo, del BE es un daño colateral, no hay alternativa a la valoración independiente, como ha pedido la Comisión.

Tercera: el modelo de cajas de ahorros está muerto y cuanto antes lo enterremos, mejor para todos. Ha muerto de éxito porque sus gestores han querido jugar en la Champions y no se han contentado con estar dignamente en segunda división y han abjurado de sus principios. Pero también porque se han dejado capturar por los políticos regionales. Acabemos de una vez con ese riesgo diferencial de la economía española en que se habían convertido las cajas. Las políticas seguidas, los respectivos FROB, han sido un fracaso: no han aportado capital internacional nuevo en cantidades significativas; no han incorporado un socio gestor internacional de prestigio; no han mejorado la transparencia de los balances ni simplificado o profesionalizado las estructuras de gobierno, y sin embargo parecen haber canibalizado las bases de depósitos de las cajas. Las conclusiones son evidentes, incluso o sobre todo para las que hoy puedan sobrevivir: forcemos a su conversión en fundaciones y obliguémoslas a un calendario de desinversión en las entidades financieras; repensemos el modelo de gobierno corporativo de las cajas ahora nacionalizadas para garantizar los intereses del contribuyente y de los accionistas minoritarios, y convenzámonos de una vez de que la banca pública no es la manera de escapar de la restricción financiera que molesta afortunadamente a todo Gobierno. Y, si no podemos vender alguna Caja a algún banco internacional fiable, liquidémosla sin más dilación.

Cuatro: es un error concebir el sistema financiero al servicio del desarrollo industrial. Hoy parece un asunto menor, pero parte del problema de las cajas está en que han sustituido a los bancos como accionista de referencia de muchas empresas españolas. Hace años que los analistas vienen penalizando a la banca por sus participaciones industriales y forzando a su venta. Porque en una espiral bajista la valoración de las empresas también baja, agravando el problema de provisiones y de capital de la banca y convirtiéndose en otro círculo vicioso. Pero en España, a medida que los bancos industriales tradicionales vendían acertadamente sus posiciones, los poderes públicos, especialmente los regionales, donde la presión política es mucho más próxima, empujaban a las cajas a actuar de soporte del tejido industrial local. La historia se ha saldado con sonoros fracasos y minusvalías. Si no hay capital nacional suficiente para evitar que la empresa caiga en manos extranjeras, no pasa nada. No hay capital nacional en el sector del automóvil y somos líderes en exportación, es un poderoso tractor de nuestra industria auxiliar y uno de nuestros grandes yacimientos de empleo.

Y cinco: la restricción de liquidez a la que se enfrenta nuestra economía no es pasajera. Responde a una revaluación tanto de las posibilidades de crecimiento económico como del riesgo de impago por los altos niveles de endeudamiento y por las condiciones asociadas a un potencial rescate europeo. Sólo hay una manera de evitar un ajuste contractivo que reduzca la inversión y el potencial de crecimiento, y consiste en elevar el ahorro interno, tanto público como privado. No prestemos atención a los cantos de sirena y no permitamos que la miopía de los banqueros se contagie al sistema político. Hagamos urgentemente lo importante, pero no creamos que haciendo lo urgente hemos resuelto el problema.