Austeridad y disciplina territorial

Es preciso exigir a las comunidades la misma disciplina fiscal que Europa impone a España.

Producto de la herencia recibida, cierto, pero es agua pasada, y la verdad es que las noticias de esta semana no pueden ser peores. La recaída en la recesión es un hecho confirmado por el Banco de España con una contracción del PIB que se acelera en el primer trimestre de este año; una EPA tremenda que nos lleva a la tasa de paro más alta desde 1994 -el máximo histórico es de 1976, con lo que hay una maldita regularidad cada 18 años-; unos resultados empresariales y bancarios que muestran un impacto considerable del desplome de la demanda interna; un sector exterior que pese a su resistencia empieza a dar síntomas de agotamiento, y una opinión internacional que subraya la debilidad de nuestro esquema institucional para resolver el problema del déficit autonómico y presiona hacia alguna forma de rescate bancario con financiación europea.

Ése es el contexto. Tan triste y claro como que no habrá final española en la Champions. En artículos anteriores he insistido en la necesidad de frenar cuanto antes esta crisis de confianza y expuesto mi opinión sobre cuál debería ser la política en una situación de emergencia. Hoy quiero centrarme en dos mitos que están creciendo como la espuma: la recesión es una consecuencia de la austeridad impuesta desde Alemania y el Gobierno central está ahogando a las autonomías.

La recesión es una consecuencia necesaria, una regularidad empírica observable en todos los episodios internacionales de exceso de endeudamiento. Pero siempre hay quien piensa que se puede obviar con medidas de estímulo fiscal. Apagar el fuego con más combustible no parece buena estrategia, no ha funcionado nunca, pero es una tentación comprensible en la que ha caído buena parte de la inteligencia española y europea. Francia siempre tuvo la fuerza de un mito y hoy son muchos los economistas que esperan ansiosos la llegada de Hollande, como antaño esperaban a Obama el salvador. Pero los hechos son tozudos y la ansiada recuperación producto de una constelación milagrosa no sólo no se produjo, sino que España perdió unos años cruciales en responder a la crisis, ajustar su presupuesto y sanear sus bancos. Estamos a punto de cometer el mismo error. Hay demasiado ingenuo o demasiado listillo que confía en que al final los alemanes pagarán nuestra deuda, que es lo que significa la insistencia en relajar los objetivos de consolidación fiscal dada la imposibilidad real de financiarla en el mercado. Apelar a valores supremos como la solidaridad europea o la paz mundial puede tranquilizar nuestras conciencias, pero no pagará nuestras facturas, que no paran de crecer mientras seguimos soñando. El déficit primario español fue el año pasado superior al 6 por ciento del PIB, lo que con un crecimiento nominal del PIB del 2,1 por ciento y un coste medio de financiación creciendo conduce a una trayectoria explosiva sin ayuda externa. Eso es lo que piden sin saberlo, como en las crisis latinoamericanas, los que predican relajar la consolidación fiscal.

Esta semana se ha producido también un esfuerzo concertado desde Cataluña de culpar al Gobierno español de sus males autonómicos. No hay nada como buscar un enemigo exterior, aun cuando sea el mismo socio que nos aprueba los presupuestos, anticipa el pago de la nómina y amenaza con imponer condiciones por su préstamo. Esfuerzo que puede resumirse en un artículo de Xavier Sala-i-Martín y otro de Raymond Zhong, editorialista del WSJ que podía haberse tomado la molestia de consultar a algún economista no catalán -pero, claro, entonces la historia no sería tan del agrado de Woody Allen-. Comento ambos porque el argumento es el mismo: los problemas económicos y fiscales de esa comunidad, y supongo que por extensión los de todas las demás, se deben a la incapacidad en la gestión del Gobierno de la nación. Es la falta de voluntad reformista de Rajoy la que atenaza el futuro de Cataluña. Nada se dice de la pérdida de peso relativo de esa Comunidad en los años del boom, gestionados con absoluta incapacidad por fuerzas nacionalistas que han gozado de la mayor autonomía económica y fiscal de la historia europea y que se preocuparon más por construir un Estado que por crear una economía solvente y eficiente. Ambos ignoran deliberadamente un hecho relevante, que se diría en términos bursátiles: CiU ha aprobado prácticamente todos los Presupuestos de la democracia, y sólo se la ha visto preocupada por arañar, como ahora, más cuota inversora. No existe constancia de su apoyo a las reformas estructurales de calado que ahora se demandan, ni de su preocupación por la deriva irresponsable del gasto público. Resuenan, sin embargo, con estruendo su defensa del proteccionismo comercial, su promoción de campeones regionales, sus reticencias a la liberalización del mercado de trabajo y su responsabilidad en el fracaso del FROB por su oposición a una solución no catalana al problema de sus cajas de ahorros. Pero eso no debe tener nada que ver con el PIB potencial. Debería preocupar a los buenos economistas catalanes que su comunidad se parezca cada vez más al Mezzogiorno italiano, insistiendo monotemáticamente en el poder balsámico de las infraestructuras.

Pero terminemos con argumentos económicos. En esencia, lo que se pide en ambos artículos es más decisión y racionalidad económica al Gobierno de Madrid. Algo que nadie puede discutir y de lo que han dado muestra ayer al anunciar finalmente una devaluación interna mediante la sustitución de cotizaciones sociales por impuestos al consumo. Coherencia y decisión que obligan también a racionalizar el Estado de las autonomías imponiendo a las distintas comunidades una disciplina fiscal que es exactamente la misma que Europa impone al Reino de España: un sistema de controles previos, sanciones por la vía de congelar transferencias y la amenaza creíble de una intervención final en caso de insumisión. Amenazar con la insubordinación y el independentismo no servirá precisamente para tranquilizar al inversor sino que le trae recuerdos de una Barcelona en manos de los marginales de una Grecia incendiada. Hacer país es hoy combatir su déficit de credibilidad y eso exige tres cosas muy sencillas: mejorar la capacidad del Gobierno central para cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal, acabar con la dudas sobre el saneamiento del sistema bancario sin concesiones políticas y restaurar la competitividad de la economía mediante reformas estructurales que no sean timoratas ante los poderes establecidos, sean estos rectores, sindicatos o Gobiernos autonómicos. En definitiva, acabar con la captura de rentas.