Javier Anta: El no-fraude fotovoltaico

Llevamos tres años escuchando muchas cosas sobre la existencia de un fraude "masivo" en el sector fotovoltaico. Ahora sabemos que hay un abismo entre lo dicho y la realidad. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha terminado una investigación sobre más de 9.000 instalaciones solares sospechosas -suman unos 950 MW, un 25% del parque total- y ha encontrado irregularidades en casi el 30%.

No obstante, irregularidades no quiere decir ilegalidades, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), tras escuchar las alegaciones de los afectados, está exculpándolos en su inmensa mayoría.

Cuando en otoño de 2008 se anunció a bombo y platillo la existencia del fraude -muchas plantas se habrían terminado de construir después de que caducase el régimen retributivo del Real Decreto 661/2007, pero estarían cobrándolo-, desde el propio sector exigimos una investigación que identificase a los posibles infractores, disipara cualquier duda y devolviera el buen nombre al conjunto del sector fotovoltaico español.

Hemos tenido que esperar tres años para que nuestras demandas dieran sus frutos, pero el resultado no puede ser más positivo: efectivamente, se cometió alguna ilegalidad (el 0,6% de las instalaciones reconoció su culpabilidad el año pasado), mas no puede hablarse, en ningún caso, en los términos en los que se ha hecho.

Sector criminalizado

A cuenta de ese mínimo volumen de ilegalidades, perfectamente extrapolable a cualquier otro sector económico, desde varios ámbitos se ha criminalizado públicamente al sector fotovoltaico. No sólo se le ha responsabilizado de fenómenos que no originó, como el déficit de tarifa, sino que se ha mentido descaradamente (sepan ustedes que, en contra de lo que habrán oído, tenemos una de las primeras industrias fabricantes del mundo y exportamos la gran mayoría de nuestros productos), se le ha insultado sin pudor ("timadores"), e, incluso, se han inventado otros supuestos fraudes.

Así ocurrió con el famoso caso de las plantas solares que producían de noche, atornillado en la memoria de los consumidores. Se nos acusó de conectar motores diésel para producir electricidad supuestamente solar y cobrar más primas y de ser tan tontos como para que se nos olvidara apagarlos por las noches. La realidad es que todo fueron errores de medición y que, para más inri, aquellos que nos acusaron debieron echar primero las cuentas, porque es más caro producir electricidad con gasóleo que con fotovoltaica.

Más de uno piensa que lo ocurrido no ha sido casual y ha ayudado a justificar lo injustificable: el brutal recorte retroactivo a la retribución de las instalaciones fotovoltaicas que aprobó el Gobierno a finales del año pasado y que está siendo recurrido en tribunales nacionales e internacionales. A la espera de que los jueces nos den la razón y remedien el daño material de esa medida, no estaría de más que escucháramos disculpas por los excesos verbales para resarcir algo del daño moral.

En cualquier caso, aun lamentando la manipulación mediática del muy escaso fraude solar y la campaña de desprestigio que ha girado a su alrededor (la propia CNE, sin justificación alguna, ha ido publicando los resultados de su investigación por capítulos, como si fuera un culebrón, amplificando el daño a nuestra imagen), debemos estar satisfechos por el modo en que se está resolviendo: se disuelven las sospechas que podríamos albergar y del mejor modo posible: la exculpación colectiva.

Javier Anta, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).