Pere Macias Arau: Dación en pago: responsabilidad

Esta semana van a iniciarse las comparecencias ante la subcomisión de estudio para la reforma del sistema hipotecario del Congreso de los Diputados.

Los distintos grupos parlamentarios hemos presentado solicitudes para que 65 personas procedentes de todos los ámbitos involucrados en la problemática de las ejecuciones hipotecarias formulen su diagnóstico y defiendan sus soluciones ante la subcomisión con el objetivo de que ésta entregue las recomendaciones pertinentes al Pleno del Congreso antes de fin de año.

Como no podía ser de otra manera, en primer lugar vamos a escuchar a los representantes de los ciudadanos afectados a través de distintas asociaciones o plataformas de usuarios, consumidores o entidades sociales. A continuación, vendrá el turno de los expertos, catedráticos de Economía y de Derecho, asociaciones profesionales y gremiales -abogados, notarios, registradores, economistas, tasadores, construcción- y representantes de la Administración de Justicia. Por último, comparecerán las entidades financieras, así como diversas instituciones que han prestado atención a la problemática, como es el caso de sindicatos y defensores del ciudadano de ámbito autonómico y local.

La verdad es que la subcomisión ya ha cosechado un primer éxito, coincidiendo con su constitución. En efecto, entre las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación, fue unánimemente destacada la que se acordó entre PSOE, PP y CiU y que contó con el voto unánime de la Cámara.

Dicha resolución mandataba al Gobierno a incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pertinente de una hipoteca ejecutada, así como a incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado en caso de declarase desierta su subasta, hoy establecido en un exiguo y vergonzante 50%.

En buena línea

Estas dos demandas del Congreso fueron atendidas por el Ejecutivo, que a través del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, que mañana será sometido a ratificación por la Cámara, establecía un nuevo baremo de inembargabilidad y un mayor porcentaje para las adjudicaciones.

Se trata de dos pasos significativos en la buena línea. Significativos, pero insuficientes. Es obvio que queda mucho por hacer para dar respuesta eficaz a una problemática que afecta a miles de ciudadanos.

A mi entender, no existen formulas simples. Se trata de una ecuación con muchas incógnitas cuya resolución debería ser explorada por la subcomisión sin apriorismos y sin complejos.

Hace pocos días, dos destacados catedráticos de Economía de universidades catalanas contraponían sus doctas opiniones en un medio de comunicación. Lo que para uno era una buena opción -la dación en pago- para el otro constituía en su retroactividad una grave conculcación del principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, a pesar de sendos pronunciamientos radicales en uno u otro sentido al inicio de los respectivos artículos, a continuación ofrecían un amplio repertorio de soluciones plausibles, que van desde las ya acordadas por el Gobierno (aunque con mayor alcance) pasando por la incentivación fiscal de la dación en pago, hoy día castigada con doble imposición, al contrario que la ejecución hipotecaria, hasta fórmulas de aceptación excepcional de la dación en pago, con carácter extraordinario y temporal.

Recuperar el crédito político

Habrá que escuchar con suma atención, habrá que aprender de nuestros vecinos europeos y, sobre todo, habrá que encontrar soluciones realistas que contribuyan a minimizar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre amplias capas de la población.

Evitar su exclusión es, para todos los representantes políticos, una absoluta prioridad. Y ello no puede resolverse en detrimento ni de los millones de ciudadanos que esforzadamente pagan cada fin de mes su cuota hipotecaria, ni de la necesaria recuperación de unos mínimos de actividad en un sector que ha contribuido en más del 50% al crecimiento del desempleo en el Estado español.

En estos momentos de poco crédito para la clase política, esta subcomisión constituye un reto que afrontamos con el convencimiento de que nuestra tarea, no siendo fácil, puede ser una buena contribución para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Pere Macias Arau. Presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados.