Esteban Sastre: El mérito no es automático
Detrás del debate sobre productividad y salarios, existe una realidad dramática: casi cinco millones de personas sin empleo. Si no fuera por este hecho, el debate no tendría tanta repercusión.
España es el país que más empleo ha destruido en los tres años y medio de crisis, hasta alcanzar la escandalosa tasa de paro del 21,3 por ciento, el doble que la UE y el triple que Alemania. Es evidente que algo estamos haciendo mal, porque otros países han sufrido la crisis y no han destruido tanto empleo.
El problema no es sólo la cantidad de trabajo perdido, sino su distribución. De los 2,6 millones de puestos perdidos en el sector privado, 1.635.000 tenían contratos temporales y 367.000 eran indefinidos. El resto, más de 600.000, eran trabajadores autónomos.
El reparto de la crisis en España es claramente injusto, porque la obligación de mantener determinadas condiciones para algunos debilita la posición de los demás, y tienen más probabilidades de ser despedidos, independientemente de su valía. Parecería más lógico permitir ajustar las condiciones laborales de la mayoría al contexto económico, pero nuestro modelo es demasiado rígido.
Ha costado tres años de crisis que los costes laborales empiecen a reaccionar a la baja. Sin duda, demasiado tarde. La capacidad de adaptación es clave para la supervivencia. Pero nuestro mercado de trabajo ha demostrado falta de capacidad de reacción y ha obligado a un ajuste a través del empleo, en lugar de los salarios.
El problema fundamental de este mercado es, precisamente, que no existe una lógica de mercado. Los precios son el reflejo del comportamiento de la oferta y la demanda. Igual que la fiebre nos advierte de alguna enfermedad en las personas, el incremento excesivo y permanente de los precios indica que hay algo que está funcionando mal en el mercado. Y si con tasas elevadas de paro han seguido subiendo los salarios durante mucho tiempo, es porque hay ineficiencias en su funcionamiento.
Necesidad de reglas
No hace falta irse a Cuba o Venezuela para entender que, si se fijan precios oficiales al margen de la realidad económica, aparecen mercados negros o alternativos. Lo mismo ocurre con el mercado de trabajo en España. Por eso, ahora se quiere combatir la economía sumergida. Sería más eficiente establecer unas reglas de funcionamiento más sencillas que permitieran a las empresas adaptarse mejor a las nuevas circunstancias.
La estabilidad laboral viene determinada por la estabilidad económica. Ningún contrato privado asegura la permanencia laboral indefinida. Es cierto que la estabilidad económica tampoco garantiza la continuidad en un mismo puesto de trabajo, pero facilita encontrar uno nuevo en menos tiempo.
Por tanto, el coste de no profundizar en una mayor estabilidad económica, algo que incluye un mercado de trabajo más flexible, es muy alto y profundamente injusto. Primero, porque la crisis la pagan sobre todo los que dejan de trabajar.
Segundo, porque se pone en peligro la viabilidad del modelo de protección social, y, tercero, porque están más expuestos aquellos con menor protección legal, sin tener en cuenta su capacidad profesional. Igual que un edificio, la estructura económica de un país necesita cierto grado de flexibilidad para no caerse. Precisamente por no tenerla, la fragilidad de nuestro mercado de trabajo ha puesto en la calle a 2,6 millones de personas.
Un nuevo modelo
El sistema actual tiene su origen en un momento económico marcado por una crisis energética y la necesidad de lograr la estabilidad política y social de la transición. Pero de eso hace ya más de 30 años. Hoy, nuestra economía es mucho más abierta, y los objetivos son diferentes.
Las empresas se enfrentan a un mundo más competitivo, a mercados más interrelacionados, y dependen más de los rápidos cambios que se producen, no sólo en España, sino en cualquier parte del mundo.
Indexar de forma automática los salarios al IPC, sin tener en cuenta el contexto económico ni las condiciones de cada empresa, no nos hace competitivos. Por ello, es necesario cambiar el sistema mejorando la capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento.
La flexibilidad laboral implica una mayor autonomía de las partes, sindicatos y empresa, para fijar, entre otras cosas, la evolución de los salarios de acuerdo a la realidad económica de cada compañía. No se trata de cambiar el IPC por otro índice de referencia como la productividad aparente del trabajo, sino de introducir nuevos mecanismos de retribución variable, más actuales y relacionados directamente con el mérito y el propio desempeño profesional, como los resultados de la empresa.
España tiene una tasa de inflación superior a otros países que crecen más por un mayor incremento de sus costes laborales, entre otras razones. Modificar el sistema de negociación colectiva se traducirá en una mejora de competitividad y, para lograrlo, los mecanismos de fijación de salarios tienen que responder a otro sistema. Cortar la sangría del paro depende de ello, y puede contribuir a mejorar la confianza que necesita España para recuperar un crecimiento estable.
Esteban Sastre. Director de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar.