Esteban Sastre: Sin ajuste del gasto público no volverá la confianza
En estos tres años de crisis, hemos escuchado diferentes diagnósticos, análisis y recetas para volver a recuperar tasas de crecimiento que nos permitan crear empleo. El debate sigue abierto, y mientras tanto, los mercados presionan para llevar a cabo reformas estructurales.
Las medidas propuestas por el Gobierno en diferentes ámbitos, como el mercado de trabajo, las pensiones y el sistema financiero, han contribuido a calmar temporalmente la situación. Sin embargo, la recuperación de un crecimiento sostenido depende de la capacidad para generar confianza, y esto pasa, necesariamente, por la estabilidad económica. Por ello, no hay que perder de vista uno de los principales problemas de España en este momento: el déficit público.
En los últimos tres años, el déficit público acumulado asciende al 25 por ciento del PIB, es decir, unos 250.000 millones de euros. Es un fuerte incremento en muy poco tiempo, que ha elevado la deuda pública por encima del 60 por ciento del PIB en 2010. Esto, lógicamente, pone nerviosos a los mercados financieros y la reciente revisión del rating por parte de Moody´s deja entrever las dudas que genera el objetivo de déficit para este año.
En 2010, con la subida del IVA, el incremento de los precios, y la reducción del sueldo de los funcionarios se ha conseguido rebajar casi dos puntos el déficit público, desde el 11,1 al 9,2 por ciento. Este año 2011, la previsión es rebajarlo en 3,2 puntos hasta el 6 por ciento, en 2012 al 4,4 por ciento y en 2013 al 3 por ciento. Son reducciones muy importantes, en un contexto de bajo crecimiento, que obligan a poner el acento en los gastos más que en los ingresos.
Es un esfuerzo que merece la pena, y que debe afrontarse por parte de todas las Administraciones Públicas. Porque cuanto más se reduce el gasto, más dinero se libera para la financiación de empresas y familias, que es justo el origen del problema.
Muchos pueden argumentar que la reducción del gasto provoca una reducción del PIB aún mayor. La experiencia reciente demuestra lo contrario. En una economía abierta, con la elevada necesidad de financiación de España, recurrir a la vieja receta del gasto público tiene efectos perversos.
Hay momentos en los que se tienen que producir ajustes, igual que hay que podar un árbol. La cuestión es que se distribuya de la manera más razonable posible.
Con un mercado de trabajo más flexible, el ajuste se podría haber resuelto con menores salarios, y no con más de dos millones de nuevos parados. Con una reducción del precio de la vivienda más ágil, el mercado inmobiliario no seguiría paralizado después de tres años. Y sin un lastre presupuestario tan elevado, los problemas de las familias y las empresas podrían reducirse con menores impuestos.
Deuda sin crecimiento
La realidad es que nuestro país, con un crecimiento en 2010 negativo y una tasa de paro superior al 20 por ciento, sigue necesitando financiación exterior. Nos estamos endeudando más y seguimos sin crecer. ¿Qué estamos financiando entonces? No financiamos crecimiento, sino el exceso de gasto público.
La necesidad de financiación del sector público fue en 2010 el doble que la necesidad de financiación total de la economía (9,2 por ciento frente a 4,5 por ciento). Es decir, el sector público absorbe el doble de la financiación que necesita España. Por eso, fundamentalmente, no hay dinero para las empresas. Lo peor no es eso. Lo peor es que, de ese 9,2 por ciento de déficit público, la mitad es para financiar gasto corriente. Nos endeudamos para pagar gastos de funcionamiento, financieros, etc. Así es imposible ser competitivos.
Hay que poner límites al gasto público, buscar fórmulas para que sea más eficaz y transparente. También se deben definir y coordinar las competencias entre las diferentes administraciones públicas para evitar duplicidades y el exceso de burocracia.
El debate abierto recientemente, que trata de vincular el incremento del gasto público a la evolución del PIB nominal, supone una apuesta por recuperar un control más efectivo de las cuentas públicas. No obstante, antes habría que rescatar la consolidación presupuestaria por ley, porque cuando ha habido déficit cero, la prima de riesgo también ha sido nula. A partir de ahí, se debería establecer como norma el que los incrementos del gasto público se situaran anualmente por debajo del PIB nominal. Además, la magnitud de la reducción tendría que depender de la necesidad de financiación en ese momento.
De esta manera, se contribuiría a la financiación de la economía, la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por tanto, la viabilidad de las políticas sociales y de competitividad.
La modernización de la administración pública es una de las grandes reformas pendientes, pero ahora la gran urgencia es el ajuste del gasto público. Según se vaya produciendo, el dinero volverá a fluir hacia la economía productiva.
La confianza es siempre mutua, y mientras el sector público no la tenga en el sector privado, tampoco sucederá a la inversa.
Estaban Sastre. Director de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar.