Encaremos las dificultades en la UE
En su reunión del 11 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro decidieron adoptar un Pacto por el Euro por el cual comprometen a sus países a tomar "todas las medidas necesarias" para alcanzar cuatro objetivos.
El primero consiste en fomentar la competitividad controlando los costes laborales unitarios e implementando reformas económicas diseñadas para incrementar la productividad y garantizar que la evolución de los costes esté en línea con la productividad, claro, con esa productividad aumentada.
El segundo objetivo consiste en fomentar el empleo a través de reformas del mercado laboral diseñadas para promover la flexiseguridad y la formación continua. El tercero consiste en mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar la plena aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aplicando reformas a los sistemas de pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales. El último objetivo consiste en reforzar la estabilidad financiera de la zona euro tanto con medidas a escala nacional como de la Unión Europea.
El Pacto será adoptado oficialmente por el Consejo Europeo de hoy y mañana, y los países ajenos a la zona euro tendrán la oportunidad de decidir si pretenden o no implantarlo también. A la vez, los países del área euro tendrán que especificar las primeras medidas que se comprometen a implementar en virtud del Pacto para el ejercicio próximo.
No cabe duda de que el Pacto es un paso útil -y quizá incluso importante- hacia el tipo de pilar económico del que la unión monetaria europea viene careciendo. En concreto, si se ejecuta adecuadamente, el acuerdo contribuirá a prevenir futuras crisis. Sin embargo, al mismo tiempo, los jefes de Estado y de Gobierno deben entender que el Pacto es un paso relativamente fácil, y sobre todo un paso menor, si pensamos en solucionar la actual crisis que lleva plagando la zona euro durante más de un año.
El Pacto ha sido relativamente sencillo de adoptar porque, aunque prevé algunas acciones inmediatas de los gobiernos, la mayoría de las medidas necesarias sólo serán implementadas gradualmente y sus costes políticos son fácilmente soportables por los actuales líderes políticos. Sin embargo, la solución de la actual crisis implicaría actuaciones que acarrearían un coste político mucho mayor para los actuales líderes. Ahí está el porqué.
Una crisis de deuda
La actual crisis es fundamentalmente una crisis de deuda. En la recta final para la adopción del euro, y especialmente tras unirse a la zona, los cuatro países periféricos -Grecia, Irlanda, Portugal y España- han gastado y vivido por encima de sus posibilidades acumulando inmensas deudas (privadas y/o públicas) y grandes déficit por cuenta corriente; por ejemplo, tomando prestado de otros países, sobre todo Francia y Alemania.
Habida cuenta del alto nivel de interdependencia financiera dentro del área euro, las dificultades de deuda privada y pública de los países periféricos también se traducen en problemas para otros países de la zona.
Las estimaciones de Bruegel muestran que los bancos periféricos tienen aproximadamente 340.000 millones de euros en deuda de los Estados periféricos, y que los bancos del resto de la Eurozona están expuestos a los países periféricos aproximadamente en 400.000 millones de euros, el 60 por ciento por exposición a bancos y el 40 por ciento por la tenencia de deuda estatal.
Con mucho, la mayor exposición de los bancos de la zona euro es a España (el 53 por ciento del total), tanto a través del canal de la deuda estatal como del bancario. La segunda mayor exposición es a Irlanda (el 18 por ciento del total), fundamentalmente a través del canal bancario, y a continuación Portugal (el 16 por ciento). La exposición a Grecia es la menor (el 13 por ciento) y es prácticamente toda bajo la forma de deuda estatal.
Todas las crisis de deuda son políticamente difíciles de solucionar porque conllevan hacer elecciones sobre quién será el que al final cargue con el peso de la deuda acumulada entre los prestamistas, los prestatarios y los contribuyentes.
El problema ya es suficientemente difícil cuando la deuda se tiene en manos nacionales, pero se pone todavía peor cuando, como ocurre en la zona euro, lo poseen inversores internacionales y no hay acuerdos explícitos para compartir la carga.
Los políticos han prolongado la crisis
Como resultado, los líderes de la zona euro han estado intentando posponer la reestructuración de bancos y deudas estatales lo más posible, prolongando con ello la crisis. Parece que su plan consiste en prestar dinero a los Estados periféricos que se enfrentan a dificultades y esperar a que sus contribuyentes puedan pagar la factura de las deudas acumuladas.
Puede que este plan funcione para algunos países, pero no es probable que solucione el problema de Grecia, donde está previsto que la deuda pública alcance el 150 por ciento del PIB en un par de años.
Desde luego, los mercados no creen que eso vaya a ocurrir, según se demuestra por el hecho de que los rendimientos de la deuda estatal griega han vuelto a los extraordinariamente altos niveles que alcanzaron en mayo del año pasado, justo antes del préstamo de la UE/FMI. Por consiguiente, la mayoría de los observadores han llegado a pensar que Grecia tendrá que reestructurar su deuda en algún momento. La cuestión es sencillamente cuándo.
Claramente éste no es el momento, porque aún hay demasiados bancos frágiles en la zona euro y también países que se arriesgarían a sufrir daños colaterales por la reestructuración de Grecia. Por lo tanto, la prioridad debe ser restaurar su salud económica y financiera.
La aplicación de pruebas de estrés rigurosas y creíbles, seguidas por una reestructuración bancaria cuando y donde haga falta (no sólo en los países periféricos, sino también en los centrales de la zona euro), debería ser por el momento la principal preocupación de nuestros líderes.
Y su otra preocupación principal debería consistir en garantizar que la carga de la deuda de los países periféricos se mantenga en un nivel sostenible. Ayudaría que se bajase el interés cobrado por los préstamos de la UE. Otra acción útil sería reorientar los fondos estructurales comunitarios destinados al gasto en estos países, de forma que pueda movilizarse el dinero para soportar una nueva estrategia de crecimiento.
La solución completa para la crisis de la zona euro prometida hace tanto tiempo no puede evitar la toma de algunas decisiones políticas difíciles. Cuanto antes se tomen, mejor será para el bien común de la Eurozona.
André Sapir, Senior fellow en Bruegel. Profesor de la Universidad Libre de Bruselas. Investigador del Centre for Economic Policy Research. Asesor económico de Romano Prodi y José Manuel Durao Barroso.