Gregorio Izquierdo Llanes: En contra de la armonización fiscal
En estos días se está planteando por parte de la Comisión Europea una propuesta de directiva de armonización de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que se ha justificado formalmente como una medida de avance del Mercado Único.
Ésta es del todo contraproducente e innecesaria. Su finalidad real es introducir un caballo de Troya para armonizar obligadamente los tipos del Impuesto sobre Sociedades más adelante, lo que indirectamente intentaron en el pasado Consejo Europeo Alemania y Francia cuando presionaban a Irlanda para que subiera sus tipos de Sociedades.
Afortunadamente, la armonización fiscal se ha guiado hasta ahora por el principio de unanimidad y siempre hay algún país sensato que la ha frenado: Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda y últimamente también algunos de los países de la ampliación del Este de Europa.
La Teoría de la Hacienda Pública internacional señala que si se quiere obtener la neutralidad de la tributación respecto a la actividad internacional, que es lo único que se puede invocar desde la perspectiva del Mercado Único, lo que habría que hacer es centrarse dentro de Europa en armonizar la corrección de la doble imposición internacional en base al sistema de exención.
Es decir, que sólo se gravaran los rendimientos transnacionales en la jurisdicción fuente donde se obtienen y no en la del país de residencia de la empresa que los obtiene, lo que permitiría que aunque cada país mantuviera distintos tipos, las inversiones nacionales y foráneas estarían sujetas a la misma tributación, o lo que es lo mismo, se alcanzaría la llamada neutralidad respecto a la importación de capitales.
Si no se ha hecho esto, que asegura la no discriminación entre nacionales y foráneos cuando operan en un país determinado, es porque esta neutralidad es una mera excusa para sentar las bases que permitan avanzar hacia la imposición de tipos mínimos en el Impuesto sobre Sociedades.
La armonización fiscal no deja de ser un acto de colusión entre Gobiernos en aras de elevar la tributación, que sería ilegal si en vez de Ejecutivos habláramos de empresas. Por el contrario, la competencia fiscal es un factor de disciplina que aumenta la influencia del público sobre las Gobiernos. Éstos no sólo deben ofrecer precios bajos (impuestos bajos), sino que deben ser capaces de ofrecer bienes y servicios públicos adecuados, con lo que la competencia fiscal, a la postre, es un factor de eficiencia en la gestión pública que compensa la inevitable inercia de expansión del gasto público.
Como los bienes y los factores de producción pueden moverse de un país a otro, los sectores públicos más competitivos en sus funciones y adecuados en su nivel de presencia se benefician de los recursos, ciudadanos y comercio que atraigan del exterior, de una forma similar a las empresas eficientes que obtienen un mayor nivel de beneficios.
Una armonización normativa no necesariamente implica una armonización real, sino que puede llevar a lo contrario debido a las diferencias en las tasas de inflación, niveles de traslación impositiva y posibilidades de elusión y evasión fiscal. Así, por ejemplo, si el sistema fiscal resultante de la armonización no es neutral respecto a la inflación puede suceder que las diferencias de inflación existentes en los distintos países lleven consigo a una mayor divergencia de tipos impositivos efectivos.
De cualquier modo, los procesos flexibles de reforma fiscal que cada país acomete de forma libre y soberana suelen llevar a mejores sistemas que uno rígido e igual para todos pero resultante del acuerdo colusivo de políticos y burócratas, al objeto de extrapolar sus distorsionantes e injustas estructuras.
El progreso, que es el último fin de la UE, está más garantizado si los sistemas fiscales nacionales pueden seguir utilizándose proactivamente a través de su reforma continua como herramienta tanto de estabilización, como de ajuste estructural para facilitar la adaptación y el cambio en situaciones de crisis, que como estamos viendo, normalmente son asimétricas, con el consiguiente perjuicio para el bienestar.
Gregorio Izquierdo Llanes. Director de Estudios del IEE. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED.