Roberto Carreras: Ley Sinde, otro falso amanecer

El verdadero valor consiste en saber sufrir, decía Voltaire. Sin duda, hemos asistido a una serie de hechos, o quizá de catastróficas desdichas, cuyo resultado ha dado muestra de la incapacidad política para saber sufrir y de la incapacidad de una industria cultural sin valor para enfrentarse a una realidad a la que sólo puede hacer frente cambiando un modelo de negocio que los consumidores han convertido en obsoleto.

Ambas partes se han aferrado a una Ley, tramitada con urgencia por intereses de pacto político y cuestiones electorales, que no contentará en el futuro a ninguna de las partes porque ninguna de ellas puede vivir de espaldas a la realidad que supone un nuevo paradigma marcado por la Sociedad del Conocimiento, en la que Internet es un pilar fundamental para la apertura, la colaboración y para la generación y distribución de conocimiento y cultura.

Las personas, y la manera en la que emplean Internet y otros desarrollos tecnológicos, están escribiendo el futuro del consumo de contenidos y dibujando el camino que deben recorrer la industrias a las que esta Ley trata de defender.

Da igual que nos preocupemos por hacer grandes producciones que no obtienen beneficios cuando cada minuto los usuarios suben 24 horas de vídeo a YouTube, un lugar que en los últimos 60 días ha generado más contenido que las cuatro grandes Mayor en los últimos 60 años.

Una Ley que no contentará a una industria cultural que avanza a pasos de gigante hacia el fin de un modelo de negocio y que ve en ella un flotador al que agarrarse en medio de un océano vacío.

Una Ley que no contentará a los creadores, que viven a espaldas de la realidad a la que miran con las gafas que les ha prestado esa industria.

Una Ley que no tendrá tan fácil la tarea de acabar con las páginas de enlaces, ya que en varias ocasiones se ha puesto de manifiesto la decisión judicial, a la que poco o nada podrá hacer frente un órgano administrativo. Sí, la Sección Segunda que cita la Ley podría cerrar una página, pero seguirá siendo la Audiencia Nacional la que tenga la última palabra.

Una Ley que tampoco contentará a un sector como el tecnológico, fundamental para el futuro de la economía, la innovación y la generación de empleo. Un sector tan estratégico que recientemente Obama afirmaba de su país: "Somos la nación de Google y Facebook".

También el país que está viendo nacer a servicios que suponen una alternativa al viejo modelo audiovisual, como Netflix, Hulu o Red Box, y tantos otros en la industria discográfica. Tristemente, auguro que lejos está el momento en que podamos escuchar algo así en boca de políticos españoles.

En definitiva, se trata de una Ley sin reflexión, llena de intoxicación en el camino y en la que las partes que se verán más afectadas poco o ningún peso han tenido en el proceso. Porque ni a la totalidad de los artistas los representa la industria discográfica, ni a los creadores la industria del cine.

Pero tampoco a los usuarios de Internet, los llamados internautas que suman ya más de 26 millones de españoles, los representan un grupo de personas que poco o nada deciden y que poco o nada pueden hacer en una cena con la ministra o en una reunión con el ya ex presidente de la Academia de Cine, el señor Álex de la Iglesia, que sin duda ha dado muestras de que todavía quedan hombres de honor en la cultura.

La Ley Sinde no es más que un nuevo falso amanecer en un eterno despertar; un problema de fondo que no es otro que la necesidad de modificar una Ley de Propiedad Intelectual vetusta y que beneficia a los más poderosos en el mercado, un sistema de licencias caduco y un modelo de negocio que se hunde. Muchos estamos trabajando porque creemos en un nuevo modelo que nunca llegará a ser el oligopolio que fue, pero que permitirá vivir a muchos más actores de una manera más democrática.

Mientas tanto, la mejor de las partes, el usuario de Internet, continúa siendo considerada como el gran enemigo, ese pirata que está por debajo de la media del coeficiente intelectual del chimpancé, del que muchos argumentan que se siente totalmente libre de descargar ilegalmente debido al elevado precio que paga por su cuota de ADSL, al mismo tiempo que tratan de arremeter contra las operadoras de telecomunicaciones, esos actores secundarios que, sin tenerlo en el guión, quizá más pronto que tarde tengan que aprenderse el papel de protagonistas de la historia sufriendo un canon que grave la descarga de los potenciales, ya no clientes, sino piratas.

La Ley debería defender los intereses de todos los consumidores y todos los creadores, no sólo el de algunos productores. Somos capaces de escribir el futuro en la medida en que podamos apostar por innovar y por nuevos modelos de negocio, defendiendo el talento y las ideas que pueden aportar esos piratas, es decir, las personas.

Roberto Carreras. Consultor, socio fundador de Novaemusik y profesor colaborador de UOC.