Editorial: Un paso en las políticas activas

El Gobierno estudia retirar los fondos que da directamente a patronal y sindicatos para formación, unos 400 millones de las cotizaciones sociales que gestiona la Fundación para la Formación Continua en las Empresas y que se reparten al 50 por ciento.

La idea es traspasar dicha cantidad a las actuales gestoras de las políticas de empleo, las autonomías, las cuales podrán a su vez emplear a la patronal y los sindicatos, pero sin que éstos tengan atribuida la gestión, lo que pone coto a la discrecionalidad que han disfrutado.La iniciativa es un paso más en la reforma de las políticas activas de empleo y requiere mucho cuidado.

Lo importante es que se aproveche para examinar al detalle la utilidad de todos los cursos y se gane en transparencia, porque hasta ahora este tipo de formación no ha adquirido muy buena fama.

Por ello, se debería abrir más el sistema a la competencia de empresas privadas que han demostrado mayor eficiencia. Además, estas partidas deberían destinarse a la formación continua de los trabajadores.

Si sustraemos demasiados fondos para los parados, corremos el riesgo de no renovar los conocimientos de nuestra fuerza laboral. Las empresas y los ocupados, que al fin y al cabo ponen este dinero a través de las cotizaciones, deberían tener más voz en el diseño de estas políticas. Y el hecho de que estos recursos los gestionen las autonomías también presenta problemas.

Hasta el momento, ha fallado la coordinación. Se precisa un diagnóstico global que asegure la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores. Y los subsidios siempre deben estar ligados a esta formación para que no sean ayudas a fondo perdido.