Opinión
Editorial: Prórroga de las ayudas al carbón
La Comisión Europea ha aceptado la prórroga de las ayudas al carbón hasta 2018. Lo cierto es que no resulta en absoluto conveniente prolongar artificialmente una agonía en detrimento de la competitividad.
Se trata de una energía sucia y no rentable, y cualquier sostén de su actividad ha de hacerse por razones de suministro, para cubrirse ante eventuales vaivenes. Seguir subsidiando el carbón podrá tener ahora un encaje legal en Europa, pero su cordura económica es dudosa.
Estas ayudas tienen que acabar desapareciendo, y el ajuste se tiene que producir. En la época de las energías limpias y los modelos sostenibles, no parece oportuno enterrar el dinero del contribuyente en minas inviables u obligar a las eléctricas a quemar una cuota fija del negro mineral en la generación.
No hay por qué incentivar la producción de carbón, basta mantener la tecnología para usarla en caso de ser necesaria.
La única sensatez que se encuentra en la decisión de Bruselas es que se atisba la voluntad de reducir progresivamente las ayudas. Ahora bien, la misma prisa que se ha dado la Comisión en impulsar esta prórroga la podría tener a la hora de exigir a España la transposición de la directiva de renovables.
Y es que el presidente Zapatero hace siempre gala de su apuesta por las energías verdes pero a la hora de legislar llega tarde.
El pacto de Estado de la energía sigue en stand by, la colocación del déficit tarifario tiene mucho camino por delante -por lo pronto, ya se tenía que haber cerrado la colocación del primer tramo- y el Gobierno se entretiene más con el carbón que con los pilares del debate energético.