Ana Fernández Tresguerres: En defensa del servidor público

Es curioso que, en la valoración del paquete de medidas que el Gobierno ha aprobado para reducir el gasto público, la única que goza de cierta aceptación entre los ciudadanos es el recorte de los salarios de los funcionarios públicos según su categoría.

En el elenco de los empleados públicos afectados se encuentran variadas categorías que muchos identifican sólo con los funcionarios administrativos, pero que abarcan, entre otros sectores esenciales, la sanidad, la defensa y fuerzas de seguridad, la educación, las universidades, la justicia... además de las estructuras de Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Hoy, día en que se produce un paro general en el sector público, es una fecha adecuada para reflexionar sobre su estructura en España, más correctamente, de las estructuras del sector público, y de preguntarnos por ese cierto alejamiento en la percepción de la tarea funcionarial de los españoles.

La Administración pública no es una realidad uniforme ni puede ser medida por los mismos raseros. Tiene, en todo caso, una característica esencial que es su estabilidad, concebida como protección a los ciudadanos frente al poder político, como forma de mantener su independencia de criterio, su funcionamiento y su continuidad ante el poder.

A cambio, posee ciertas limitaciones en su acceso, jubilación, movilidad y derechos laborales. La limitación, grosso modo, de las percepciones de los funcionarios destapa una vez más ciertas ineficiencias endémicas en el sector público y, en cierto sentido, una injusticia: lo único que vale en la Administración, parece decir el recorte por razón de sueldo, es lo que se percibe; no importa, da igual que el trabajo del funcionario sea eficaz, imprescindible, mal pagado en relación con el sector privado o que requiera una dedicación o cualificación especial.

Que los políticos, altos cargos o diputados, en forma ejemplar -y obviamente provisional- se recorten el sueldo obedece a razones muy distintas al recorte a los funcionarios. La razón gravísima de la situación de nuestra economía parece acompañarse de una cierta culpa, de un hacerse perdonar, por su estabilidad en el empleo.

Reforma en la Administración

Este momento, complicado, debería ser un revulsivo para realizar en profundidad una reforma de la Administración que lleva pendiente demasiados años. Que se diga que la mayoría de los funcionarios son mileuristas, aun siendo cierto, no debería ser la escala de valor. Habrá empleos necesarios y otros que sobren, auténticamente subvencionados bajo los 700 euros que perciben.

Es necesario profesionalizar la Administración pública, en sus muy distintas escalas; dotarla de eficacia; analizar y auditar su funcionamiento, sus duplicidades y solapamientos entre Administraciones; analizar las diferencias entre funcionarios autonómicos y estatales; simplificar al máximo la municipal, en ocasiones más compleja que los Ministerios.

Sin olvidar el problema, más sangrante aquí que en otros sectores, de la laboralidad temporal.

Deben limitarse exponencialmente los asesores para los puestos de responsabilidad; los funcionarios deben seguir el cursum honorum al menos hasta el cargo de director general sin que sea posible considerar esos cargos como de confianza de los políticos, pues son técnicos que han de pertenecer a la Administración; es necesario premiar la permanencia en el sector público de los mejores y la eficiencia de sus servicios y, por el contrario, propiciar la salida a quien no cumple objetivamente su función, así como retribuir a unos y otros en consecuencia, con criterios de profesionalización. No es de recibo que la retribución complementaria sea a base de días moscosos y meses de vacaciones para unos y de horas extras no retribuidas para otros.

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?, ¿quién se atreve a racionalizar la hidra de servicios administrativos en las tres Administraciones?

Los funcionarios deben poder mejorar, formarse, tener objetivos y metas en sus carreras, ser incentivados y dotados de prestigio ante los ciudadanos y de la estabilidad requerida; merecen ser distinguidos, mediante los principios de capacidad y mérito, tradicionales de lo mejor de las Escuelas de Administración de los países de nuestro entorno.

Que nadie se sienta desmotivado para trabajar y formarse por la falta de incentivos respecto del que no lo haga. El absentismo en la Administración bien merece un comentario separado.

Todos tenemos cerca casos de muchos funcionarios ejemplares que dan su vida profesional y privada en beneficio de los demás. Tengo en mente ejemplos evidentes en las tres Administraciones.

Pero quiero rendir un pequeño tributo personal a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que desaparecerá el próximo día 30 de junio en el recorte de servicios administrativos (me consta que con gran pesar del ministro y de su equipo). Mujeres y hombres, diplomáticos, administradores civiles del Estado, con su unidad de apoyo. De primer nivel académico, políglotas, que sin complemento alguno viajan en domingos, en festivos, para cumplir con su trabajo, invierten en él más horas de las que existen. Nuestro agradecimiento a ellos y a los demás.

Defendamos y prestigiemos a nuestros servidores públicos.

Ana Fernández Tresguerres, notaria. Consejera editorial de elEconomista.