Fernando Fernández: Riesgo creciente, economía menguante

El diferencial con el bono alemán puede con todo. Ha podido con la reforma laboral, de la que parece que finalmente vamos sabiendo algo, con los datos de paro, menos buenos de lo que nos han contado, con la bolsa, con el clima empresarial, con la confianza de los consumidores y hasta con la incipiente recuperación europea. España es el enfermo de Europa, con una enfermedad crónica que es la falta de ambición para hacer reformas serias. Ninguna muestra de fe europeísta, ninguna promesa de armonización fiscal, ninguna regla de disciplina económica impuesta desde Bruselas parece ya capaz de acabar con la convicción de que el Gobierno español sufre euroesclerosis en grado sumo y sólo aspira a un escenario a la italiana, a profundizar en una economía social y geográficamente dual con un sector privado puntualmente dinámico y un sector público anquilosado. Lo que no sería especialmente grave si el país no estuviera altamente endeudado. ¿Cuánto puede durar la economía española sin una recesión severa que provoque la imposibilidad material de devolver la deuda, si el diferencial se estabiliza cerca de los 200 puntos básicos?

Nos cuentan que la reforma laboral generalizará el despido a 33 días a cambio de endurecer la contratación temporal, lo que en una economía estructuralmente estacional como la española puede ser un despropósito. Se dice también que el borrador de decreto adopta el modelo alemán de reducción de jornada y el austríaco de indemnización por despido. Son tantos los interrogantes que dejan estos anuncios, algunos de ellos ya tratados en artículos anteriores, que habrá que estar muy atento a los pequeños detalles para saber el alcance real. Pero me preocupa que el coste de las reformas anunciadas es muy alto. Si lo pagan los empresarios, malo: no habrá crecimiento ni creación de empleo. Si lo pagan los Presupuestos, se recortarán como el último plan de infraestructuras. No sé si el Gobierno es consciente de que una cosa es que Bruselas dé el visto bueno a las reformas, incluso que permita que el coste de las mismas no compute a efectos de la cifra oficial de déficit, y otra muy distinta que haya inversores dispuestos a prestarnos dinero para hacer experimentos sociales. Es lo que tiene dejar las cosas para otro día. Desde hace seis años, gobierna este presidente y desde entonces saben en su equipo, o al menos así lo decían en la oposición, que la reforma del mercado de trabajo era inaplazable.

Lo mismo podemos decir de la reforma del sistema financiero. Cuánto más fácil hubiera sido atraer inversores privados para recapitalizar las cajas de ahorros cuando el país, la renta y la riqueza nacional crecían rápidamente. Ahora sólo nos queda el dinero público del Frob, que está regando generosamente el inevitable proceso de reestructuración. Pero a muchos nos queda la duda de si se podrá emitir en cantidad suficiente, y sobre todo si no sería preferible que se obligase a las cajas fusionadas a ampliar capital en el mercado y sólo si hubiese inversores privados dispuestos a arriesgar su dinero, podría luego el Frob colaborar. Tendríamos así la certeza de que alguien más que sus actuales gestores y el Banco de España, que es juez y parte, considera viable el proyecto, de que las cuentas de cada operación individual han seguido un duro proceso de due dilligence y, finalmente, de que las voluntades políticas de sus actuales responsables no van a acabar imponiéndose sobre la lógica del mercado. Porque los SIP parecen abocar a privatizaciones a plazo, pero pueden no serlo o que no lleguemos nunca a ese plazo.

Fernando Fernández, IE Business School.