Opinión

Daniel Gómez-Olano: Buen gobierno en el área fiscal (III)



    La extensión de las prácticas de buen gobierno corporativo en el área tributaria está afectando significativamente al proceso de toma de decisiones en materia fiscal. Ha sido relativamente frecuente, incluso en grandes organizaciones, ignorar las variables tributarias en el proceso de toma de decisiones empresariales. O, lo que es peor, las decisiones en materia tributaria se han venido adoptando ignorando variables económicas o de negocio. Pero la redefinición de las "reglas del juego" tributarias, que se está produciendo en gran parte de los países de la OCDE (entre ellos, España), obligará a reconsiderar este proceso de toma de decisiones. En primer lugar, las organizaciones deberán definir unos principios básicos de su estrategia fiscal, que idealmente deberán reflejarse en un código de buenas prácticas tributarias. En segundo lugar, a la hora de adoptar cualquier opción de planificación fiscal, deberán tenerse en cuenta las consecuencias financieras, legales, contables y de negocio. A tal efecto, el establecimiento de canales adecuados de comunicación entre los distintos departamentos de la empresa resultará esencial, si se quiere evitar ineficiencias o riesgos significativos. En tercer lugar, deberá establecerse un sistema de gestión de riesgos en el área fiscal, que permita identificar los riesgos fiscales y definir los pertinentes procedimientos y controles internos. Algunos países ya consideran este sistema de gestión de riesgos como un aspecto clave a la hora de calificar a un contribuyente como de riesgo alto, medio o bajo. Aun cuando la estrategia fiscal seguida sea muy conservadora, una empresa podrá estar en el permanente punto de mira de Hacienda si no es capaz de acreditar un control exhaustivo de los aspectos fiscales, así como una adecuada organización interna en la que estén claramente definidas las tareas y responsabilidades. Y finalmente, deberá informarse a los Consejos de Administración a la hora de adoptar decisiones con un impacto tributario relevante. Entre otras razones, porque la ausencia de adecuados canales de comunicación en el área fiscal puede poner en riesgo la reputación de la empresa o la responsabilidad personal de los propios administradores.

    Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.