Fernando Fernández: El empleo se convierte, por fin, en una prioridad

Sin grandes novedades en la coyuntura internacional -porque no puede considerarse una novedad que Grecia finalmente haya tenido que acudir al dinero de Europa y del FMI tras el precio que tuvo que pagar por su única emisión de mercado-, ni tampoco nacional -porque el repunte de la inflación al 1,4 por ciento era previsible aunque vuelva a preocupar el diferencial español-, la atención se ha volcado hacia el nivel de empleo.

Tiene la culpa el Gobierno, que ha presentado un farragoso documento de reforma laboral escrito para crear confusión. Pero también el gobernador del Banco de España, que ha afirmado que el sistema financiero no puede aguantar tasas de paro del 20 por ciento, las que precisamente se esperan para la EPA del primer trimestre, y hasta el FMI, que anima a España a reducir la dualidad del mercado de trabajo y abaratar el coste del despido. Nada nuevo si no fuera porque hay un aire de inevitabilidad en el ambiente que se nota hasta cuando los agentes sociales rechazan el documento oficial.

A la propuesta gubernamental, ¿es una propuesta o un borrador de discusión?, le sobra voluntarismo e inconcreción, pero es también cierto que supone el primer paso moderadamente reformista de este presidente de Gobierno. Con ambigüedad calculada, sin ninguna convicción, escondiendo sus costes, pero el Gobierno ya no niega la necesidad y urgencia de la reforma laboral. Ha tardado tres años, según su ritmo habitual, pero la oposición no puede esconderse en que llega tarde. Tiene que tomar posición. Ahí va la mía. El modelo austríaco es positivo para la economía española bajo tres condiciones. Si conlleva una reducción del impuesto al empleo que suponen las cuotas de la Seguridad Social. Si se acompaña de una desjudicialización de los despidos que implique un alivio de la incertidumbre y una reducción de los costes y salarios de tramitación. Si se crean fondos individuales de indemnización por desempleo que cada trabajador pueda depositar en la entidad financiera de su elección y no se aprovecha para fortalecer a los sindicatos, dándoles entrada preceptiva en la gestión de los mismos, ni para aumentar su patrimonio operativo mediante las oportunas comisiones de gestión. Son estos pequeños detalles los que, después de haber aumentado el paro en más de dos millones, uno esperaría que el Gobierno tuviera claro y pusiese por escrito antes de crear nuevas expectativas y más confusión. ¡Tan difícil es que el Ejecutivo asuma su responsabilidad!

Puede acabar siendo una reforma positiva, aunque algo marginal. Tendría mucha más efectividad si se acompañase de otros cambios necesarios y probablemente más útiles para la creación de empleo, como la reforma de la negociación colectiva, el contrato único o alguna medida alternativa que ponga fin a la dualidad, y la modificación de las prestaciones por desempleo, no solo de la indemnización por despido. No es la reforma laboral que este país necesita, y si con ella se da por agotado el proceso de aggiornamiento de nuestras instituciones laborales tendremos un problema. Porque más allá de la urgencia de tomar medidas para calmar los nervios, y de ajustar el déficit público para calmar a los mercados -no se nos olvide, como hace la reforma presentada-, es necesario modificar el enfoque básico de la legislación laboral. Cambiemos ahora lo que sea urgente, pero no nos olvidemos del Estatuto del Trabajador, que es una reliquia que bien puede convertirse en una cruz para la recuperación.

Fernando Fernández, IE Business School.