Editorial: Una reforma laboral con peligro

El papel que presentó el Ejecutivo para negociar una reforma laboral supone un paso adelante y puede que dos atrás. El paso positivo es que, por fin, el Gobierno reconoce que el coste del despido influye en la temporalidad. Es decir, de manera implícita admite que se contrata a temporales porque no existe la seguridad de que se pueda mantener el trabajo; de ahí que abra la puerta a reducir el coste del despido extendiendo el contrato con una indemnización de 33 días. Hasta ahí bien, aunque esto tardará varios años en tomar forma según se hagan los nuevos contratos. El problema es que el documento también insinúa dos desastrosos pasos atrás. Por un lado, plantea la posibilidad de devolver la tutela judicial al llamado despido exprés, por el que el empresario abonaba 45 días y se ahorraba pasar por el juzgado. Por otro, aspira a dificultar la temporalidad, lo que restringiría una de las pocas vías de creación de empleo en la actualidad. Sería una locura. La cuestión esencial sobre esta reforma es si servirá para crear trabajo. Y es ahí donde falla, sobre todo porque sigue dejando fuera la negociación colectiva, a la espera de que sindicatos y empresarios lo negocien. Esto es un despropósito absoluto.

Observen el caso de Reino Unido: ha sufrido una fuerte recesión, sin embargo ha mantenido más empleo, porque sus empresas y trabajadores tienen gran espacio para la maniobra. Han sido muy flexibles para negociar salarios, horarios, incluso cambios de tareas.

Eso les ha permitido salvar puestos de trabajo. La reforma planteada aún dista mucho de esas líneas, y corre el peligro de ser contraproducente si se tocan las teclas erróneas.