Isabel López I Chamosa: ¿Cómo alargar la vida laboral para costear las pensiones?

Cualquier reforma de fondo de nuestro sistema de pensiones debe realizarse en el marco del Pacto de Toledo y con el consenso de todos los grupos políticos. También de los agentes sociales, garantía de viabilidad de los acuerdos adoptados. Contestar atendiendo al procedimiento no es baladí, pues nos remite al instrumento que garantiza, mediante reformas continuas, la sostenibilidad y futuro de la acción protectora de nuestra Seguridad Social.

El Pacto de Toledo obliga a sus miembros a reunirse cada cinco años para analizar el cumplimiento de sus recomendaciones y su renovación, garantía de continuidad del sistema. El último acuerdo se alcanzó en 2003; en 2008 procedía su nueva constitución. Tras un período de comparecencias, en 2010 su trabajo es debatir propuestas concretas y acordar las reformas necesarias. Conocemos las del Gobierno, remitidas por mandato unánime del Parlamento en el último Debate del Estado de la Nación; conocemos, por tanto, las del Grupo Socialista. Es un documento para el diálogo, para el acuerdo, que, confrontado con el resto de propuestas, debe servir para planificar el futuro de nuestro sistema, con la tranquilidad de tener una Seguridad Social con superávit -8.500 millones de euros- y con un Fondo de Reserva de 62.000 millones.

Entre las propuestas que se plantean está la prolongación de la vida activa. Y resulta pertinente porque la columna vertebral de las prestaciones y, en consecuencia, del gasto, son las pensiones de jubilación. Nuestro compromiso con las generaciones futuras, con las personas con una edad media de trabajo, exige adecuar nuestras pensiones a los nuevos retos sociales. Entre ellos, la mayor expectativa de vida, el progresivo envejecimiento de la población o las bajas tasas de natalidad. En definitiva, la evolución de nuestra demografía. Sabemos que en los años 60, momento en que arranca nuestra Seguridad Social, la media de cobro de jubilación de una persona de 65 años oscilaba entre siete u ocho años; en la actualidad, es de 20 años. Sabemos quiénes van a cobrar estas pensiones dentro de 10 ó 20 años, ya están aquí; sabemos quiénes van a ser los sostenedores del sistema.

Debemos analizar la conveniencia de acercar la edad de jubilación a esa mayor expectativa de vida. Diferenciando entre los sectores de actividad donde se presta la relación laboral; rompiendo la inercia de un país que jubila antes a los trabajadores que realizan labores sedentarias que a los que desempeñan labores con mayor penosidad. Debemos acercar la edad real de jubilación -63,7 años- a la edad legal. Y poner freno a las prejubilaciones. Son propuestas de un complejo mosaico cuya finalidad es el equilibrio entre ingresos y gastos, sin menoscabo de las prestaciones y con especial incidencia en la culminación de la separación de las fuentes de financiación. En este mosaico son importantes las políticas de fomento del empleo, especialmente de mujeres y jóvenes, y de lucha contra la precariedad; las medidas de conciliación, de emancipación, de natalidad, de flexibilidad en nuestro tiempo de trabajo, jornadas flexibles que también deben evitar el tránsito brusco de la situación de actividad a la de jubilación. La virtualidad del Pacto de Toledo es diseñar políticas de futuro evitando soluciones drásticas, lanzando un mensaje continuo de confianza en un sistema de pensiones solidario, que se nutre del esfuerzo de todos y que constituye el principal activo de nuestro Estado de Bienestar.

Isabel López I Chamosa, diputada y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión del Pacto de Toledo.