Vicente Sala: Cambio de las variables de cálculo de las pensiones

Quiero comenzar con la defensa a ultranza de las pensiones del Régimen General de la Seguridad Social y el de las Clases Pasivas del Estado como sistema de pensiones de los funcionarios y otros; y abogando no sólo por su permanencia en el ámbito de las pensiones públicas, sino por su adaptación de forma dinámica a la realidad de las retribuciones en activo. Fruto de esta adaptación se evitaría el distanciamiento que representa pasar a la situación de pasivo, muy en especial al tratarse de pensiones contributivas, es decir su señalamiento o reconocimiento debiera ser el resultado de una equivalencia financiero-actuarial de las cotizaciones realizadas y la pensión obtenida. Sin embargo, esta equivalencia, imprescindible técnicamente en cualquier sistema de previsión, no se cumple en España al tratarse de un sistema de reparto. En este sistema, el tratamiento presupuestario se ha llevado a efecto mediante flujos de caja, ingresos y gastos, resultando por diferencia la aparición de déficit o superávit, siendo un aparte de este último el que nutre el famoso fondo de reserva.

Es cierto que debe ser un sistema de reparto en aras de la solidaridad y de la madurez del mismo, pero también es cierto que ha llegado el momento de conocer cuál es el estado de situación del Sistema de Seguridad Social. Estando en un sistema de reparto, debe incluirse como una parte del gasto la dotación para financiar las obligaciones pasadas y futuras aleatorias previamente cuantificadas.

Los organismos de la Seguridad Social poseen información suficiente para conocer el estado del colectivo de activos y de pensionistas, el modelo biométrico de pasivos y activos, el que las nuevas generaciones no pueden financiar el gasto de las generaciones precedentes y de la falta de cotización al sistema por la situación de desempleo actual.

Esta circunstancia última representa para la recaudación de la Seguridad Social una media de más de 17.000 millones de euros al año, suponiendo una base de cotización próxima a los 14.000 euros al año. Es claro que bien merece un estudio y presentar una sustancial rebaja en las cotizaciones a aquel que genera empleo y comparte parte de la alarmante pérdida de cotizaciones.

Consecuentemente, se está en condiciones de conocer exactamente lo que cualquier sistema de previsión, técnicamente eficiente, necesita. Este conocimiento de la realidad permite claramente mantener el procedimiento de reparto y el de flujos de caja, ingresos y gastos, cuyos importes deben ser consecuencia de conocer y respetar que, por encima del gasto corriente, existen obligaciones pasadas y futuras; sea el caso de las provisiones matemáticas de activo y de pasivo, así como la provisión de los crecimientos de las pensiones causadas, que lógicamente deben financiarse con excedentes de caja.

Hay que dejar claro, muy en especial para los trabajadores jóvenes, que el sistema público de pensiones es solvente bajo un planeamiento financiero-actuarial si se cumplen las siguientes condiciones: unos determinados años de cotización, una cuantía mínima de cotizaciones, un nivel de prestación definida y un crecimiento de las cotizaciones y de las pensiones?

Por ello, el sistema puede ser de reparto, siempre y cuando exista un nivel de cotizantes que supere por su cuantía el nivel de cotizaciones, los años de cotización; y cuando la base de la pirámide poblacional sea lo suficientemente grande que permita repartir a los que por edad y/o nivel de cotización, no pueden alcanzar la pensión mínima de subsistencia.

Técnicamente hablando, los desequilibrios financieros-actuariales deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, dejando a la Seguridad Social como un sistema puro de previsión que genere confianza y certidumbre; o al menos, que todos los trabajadores conozcan cuál es la situación real y no la constante crítica, amenaza o advertencia, tanto de los foros nacionales como internacionales de la quiebra del sistema.

El conocimiento de la realidad sobre las pensiones públicas, tanto causadas como pendiente de causar, el de las cotizaciones necesarias y la reforma del sistema a la realidad de las retribuciones salariales, permitiría que los trabajadores pudieran acceder a un aumento de las cotizaciones para equilibrar el nivel de ingresos entre la situación de activo a la situación de pasivo.

Como principio fundamental, es imprescindible e irrenunciable la búsqueda del equilibrio financiero-actuarial, por lo que parece claro que la comisión del Pacto de Toledo puede ser el foro ideal para debatir el modelo.

Los sistemas complementarios pueden cubrir el desequilibrio del nivel de ingresos al momento de pasar a la situación de pasivo. Sin embargo, la regulación estrella de los últimos años, la de los Planes y Fondos de Pensiones, en la que los trabajadores asumen la máxima representatividad, no ha sido lo suficientemente estable, tanto en regulación, como en la fiscalidad, generando incertidumbre, temor y desconfianza por el intervencionismo del Estado.

Vicente Sala, consultor de Mercer y vicepresidente del Instituto de Actuarios Españoles.