Golpe demagógico a la inversión

El castigo fiscal impuesto a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) en la nueva ley antifraude responde a la demagogia impulsada desde la llegada de Unidas Podemos al Gobierno, de la mano del PSOE.

Su empeño en demonizar estos estos vehículos de inversión se trasladado finalmente a una regulación que presente graves carencias. El Ejecutivo justifica su reforma en acabar con los denominados mariachis o "inversores de paja" que se utilizaban para poder "beneficiarse" del tipo impositivo del 1%. Es un argumento falaz que ignora la realidad de las inversiones. Por ello, al exigir una aportación mínima de 2.500 euros, la consecuencia más directa fue un continuo cierre de sicavs que acabó haciendo saltar las alarmas ante el riesgo de que el cuantioso patrimonio que aún custodiaban se deslocalizara a otros países. Se intentó moderar, de modo transitorio, el golpe fiscal por traspasar esos recursos a instituciones de inversión colectivas (IIC) domiciliadas en España. Sin embargo, dejó la tarea a medio hacer en un aspecto tan básicos como definir un plazo mínimo de permanencia. Así, la norma permite que se transfieran recursos al fondo español que se elija y, al día siguiente, traspasarlos de nuevo, esta vez con destino al extranjero y a países donde la regulación de estas sociedades es menos compleja e intervencionista. En definitiva, la precipitación y la falta de objetivos claros han dominado a la hora de legislar sobre las sicavs. Su consecuencia será la desaparición de hasta un 80% de estas sociedades, que además ya registran peor rendimiento a largo plazo que los fondos, lo cual sitúa a España todavía más a la cola de Europa en competitividad fiscal para atraer inversores.