Electoralismo en la reforma laboral

La nueva reforma laboral deroga el despido por causas objetivas para el personal contratado de las administraciones públicas, introducido en la legislación de 2012 para intentar racionalizar el sobredimensionado sector público.

Aunque de alcance limitado, al no afectar ni a los trabajadores de empresas públicas ni a los funcionarios propiamente dichos, la medida podría llegar a un millón de empleados. A las puertas de un 2022 marcado por importantes citas con las urnas en Castilla y León y Andalucía, esto tiene una lectura obvia. El Gobierno reforma el mercado laboral en clave electoralista y pensando en su caladero de votos. Mientras, olvida a los jóvenes que acaban de iniciar su andadura laboral, a los que no se dedica ni una medida concreta.