No es la lengua, es el derecho

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.

Y en relación con lo que importa de verdad, hay que advertir aquí que para resolver un problema, hay que identificarlo bien. Por ejemplo, el Conseller de Educación, refiriéndose al pronunciamiento del Supremo, ha dicho algo que no tiene nada que ver con la decisión judicial. Ha asegurado que con el actual sistema de inmersión lingüística en catalán todos los alumnos salen de la escuela catalana sabiendo hablar y escribir en los dos idiomas oficiales. Ha dicho eso para justificar que no vaya a acatarse la sentencia. Pero… ¿de qué habla? Habla de algo que no interesa mucho porque lo reduce todo a un conflicto relativo a la lengua. Naturalmente, para los políticos independentistas la lengua es un problema porque a pesar de todos los pesares, el uso del catalán retrocede en Cataluña y no saben ya qué hacer, salvo imponer doblajes en Netflix –la gran conquista política que ERC exhibe últimamente.

Pero el problema real no es un problema de lenguas. Es un problema de legalidad y de derechos. Aunque al terminar la escuela los catalanes dominaran ambas lenguas, aunque hablaran y escribieran el catalán como Josep Pla y el castellano como Delibes, aunque eso fuera así, tal hecho no altera que el problema es mi derecho y el de cualquier español a estudiar en castellano en Cataluña si ése es su deseo. Porque lo que ocurre es que se impide el ejercicio de un derecho, no que se hable más o menos catalán, más o menos castellano. Ese es otro asunto. El problema es la libertad. Naturalmente, los independentistas tienen también un problema con la libertad.

Es decir, que aquí no se trata de si, al final, se habla o no se habla, se conoce o no se conoce el castellano o el catalán. No es un asunto de lenguas, sino de derechos. Lo que hay que respetar es mi derecho a estudiar en castellano en Cataluña, sin que eso tenga nada que ver con el hecho de si al final del ciclo educativo se conoce o no ese idioma o si habrá en la calle o en las aulas un conflicto entre las lenguas. Eso es otra cosa. Da igual a estos efectos. Lo que reclama la sentencia no es la obligación de la Generalitat de enseñar el castellano sino su obligación de respetar el derecho de los ciudadanos a estudiar en castellano. Incluso a utilizarlo. Pero para eso no es necesario una sentencia. Es lo que pasa en el mundo entero. Quinientos millones de hablantes no se verán afectados si en una región de España los políticos se ocupan de Netflix en ásperas negociaciones de partido.