Trucos para no reducir el gasto

Las autonomías y el Gobierno se reunirán mañana en la primera convocatoria, en casi dos años, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con seguridad, ambas partes tratarán de la abultada deuda que Hacienda mantiene con esos territorios, y que ya asciende a 5.291 millones (un 0,5% del PIB). En su mayor parte, ese monto se deriva de 2.500 millones de recaudación del IVA pendientes de liquidación desde 2017 y otros 2.000 millones procedentes de los impuestos energéticos y de las subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono.

Ninguna lógica económica o financiera justifica la retención de estos pagos. Las demoras en el abono de la liquidación del IVA se deben a un desfase contable acaecido hace tres años que ahora podría corregirse. Incluso, en el caso de los impuestos energéticos, existe una especial urgencia que justifica un pronto pago. No en vano resurge con fuerza el déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos y los costes reales del sistema eléctrico) y estos recursos ayudarían a paliarlo. A pesar de ello, todo apunta a que Hacienda no se avendrá a pagar en el inminente Consejo de Política Fiscal. La retención de estas partidas se antoja un medio rápido para ofrecer a Bruselas unas cifras más presentables en la evolución del déficit público.

La contención del déficit público no justifica las demoras en los pagos pendientes a las autonomías y al sistema eléctrico

De este modo, sería más fácil ganarse la voluntad de la UE y lograr una suavización de la senda de estabilidad. Pero estas maniobras contables, además de perjudicar a las autonomías y al sistema eléctrico, no constituyen el modo adecuado de conseguir la confianza de nuestros socios europeos. Un verdadero compromiso con la contención del déficit demanda medidas para moderar el fuerte aumento que el gasto público experimenta.