El 'bloque Sánchez' y el conflicto político

El próximo martes se constituyen las Cortes españolas de la decimocuarta legislatura, mientras los representantes de PSOE y ERC continúan negociando la abstención del segundo partido para propiciar la investidura de Pedro Sánchez antes de la Nochebuena.

Hacer pronósticos de lo que va a ocurrir en esa negociación, que llevan a cabo la formación política más votada en las elecciones y una de las que han intentado destruir el marco de convivencia de los españoles, resulta un ejercicio temerario en el que no vamos a caer en los tiempos que corren en la vida pública. Pero todos los movimientos que se están produciendo en torno a esa negociación apuntan a un posible entendimiento que propicie al fin la elección en el Congreso del hasta ahora único presidente español en democracia que no ha ganado una sesión de investidura emanada del voto de los ciudadanos.

Cuando eso ocurra, los españoles podrán comprobar si aún no lo han hecho el alcance de las falsedades y engaños en que se va a apoyar la nueva etapa de la política española, y cómo queda la conformación del bloque que va a hacer presidente ya investido al inquilino de La Moncloa. El 'bloque Sánchez' que propiciará una legislatura sobre cuya duración y estabilidad no se atreven a hacer apuestas ni los más arriesgados.

Ciento veinte diputados del PSOE votarán sí. Es el grupo parlamentario que ha ganado las elecciones, forzadas ante la negativa tajante a formar gobierno con los radicales de Podemos, algo que hace dos meses quitaría el sueño al 95 por ciento de los ciudadanos pero que hoy es un modelo de progresismo. Sus parlamentarios han apoyado la campaña electoral del candidato, en la que se anunció una extrema dureza contra las tentativas independentistas, incluyendo una ley para castigar a aquellos que convocaran un referéndum ilegal. De todo eso, hoy queda más bien nada.

Treinta y cinco diputados de Unidas Podemos votarán sí. Son los grandes triunfadores de todo esta cambalache con forma de juego de tronos, porque disfrazarán su fracaso en las urnas (un fracaso sobre otro fracaso) entrando en el ejecutivo tras torcer la voluntad del antagonista, adversario y enemigo, junto a quien conseguirán sentar en el Consejo de Ministros a un vicepresidente y al menos tres ministros. Su opinión sobre la voladura de la Constitución, la continuidad de la Monarquía, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España o la justicia española que para ellos mantiene en la cárcel a presos de conciencia, poco importa.

Tres diputados de Más País, dos de Coalición Canaria-Nueva Canarias, y uno respectivamente de BNG, PRC y Teruel Existe podrían votar a favor por diferentes motivos, añadiendo al saco de Igor los pedazos que conformarán la segunda parte del Frankenstein redivivo.

Y la clave de bóveda de todo lo anterior: trece diputados de Esquerra Republicana de Cataluña se abstendrán posiblemente, agradeciendo así el compromiso del presidente y del gobierno para reconocer el gesto de negociar bilateralmente con ellos como dos gobiernos de igual a igual, y reconocer también que en esa comunidad autónoma hay un conflicto político que debe ser resuelto por vías políticas, y no judiciales.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional ya han marcado ese nuevo camino esta semana. El presidente del partido con el que ya se negocia está en prisión, condenado por sedición y malversación; sobre varios de sus ex consejeros recaen igualmente penas de cárcel por delitos de extrema gravedad; la que fue secretaria general del partido huyó de España para vivir en la idílica Suiza alejada de las garras de la justicia; uno de los participantes en la mesa de negociación con los socialistas está imputado por ser el cerebro del proceso ilegal que ha intentado proclamar la independencia de Cataluña.

Pero según lo declarado esta semana, al ser un partido de izquierdas y progresista, todo lo anterior queda en segundo plano para considerarle interlocutor de una negociación clave para el futuro gobierno de un país enclavado en la Europa de los valores y las libertades.

Después de la reunión con ERC del pasado jueves, el PSOE y el gobierno ya no consideran que el problema de Cataluña es un conflicto de convivencia, como han defendido durante los meses de eterna campaña electoral que hemos vivido. Ahora para ellos se trata de un conflicto político, la definición que siempre han buscado los independentistas, que hace salirse del carril judicial tantas actuaciones que han derivado en la condena del Tribunal Supremo.

Como pirueta en el aire ya no llama a nadie la atención, viniendo de quien viene. Pero sus efectos no serán vacuos ni podrán ser tratados como una rectificación más del presidente y su partido. Lo que le expliquen a los españoles cabe suponerlo: nada. Pero habrá que explicarles a los embajadores de países extranjeros en España que la consideración de una parte tan importante del Estado como es el gobierno ha cambiado en relación a lo que ocurre en una región en la que se ha tratado de subvertir el orden constitucional, habrá que convencerles de que todo el trabajo diplomático realizado hasta aquí para que en el mundo entero se conozca la realidad de lo que en España está pasando, queda reducido a un conflicto entre políticos y que hablando se entiende la gente.

Tal vez así, tras la próxima DUI proclamada desde la escalinata del Parlament, algún país echado para adelante reconozca, esta vez sí, a la nueva nación.