El daño de demonizar la riqueza

Apenas unos días bastaron, tras conocerse el preacuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos, para que miles de contribuyentes teman una fuerte subida de impuestos. El muy genérico texto no alude a esa medida, aunque sí se compromete con la preservación de la estabilidad presupuestaria.

Los programas de ambos partidos, y los fallidos Presupuestos de 2019, ofrecen base suficiente a la hora de deducir cómo pretenden conseguirla. Las previsiones de avance de la recaudación fiscal son muy dudosas, debido a la desaceleración del PIB; en paralelo, las medidas sociales que PSOE y Podemos barajan suponen elevar el gasto en 23.000 millones. La vía más rápida, y nociva, de cuadrar las cuentas pasa por castigar tanto la generación como la tenencia de riqueza. El primer objetivo se conseguiría elevando los tipos superiores del IRPF a niveles confiscatorios y subiendo aún más las bases de cotización máxima. Para el segundo, es de temer una armonización del Impuesto de Patrimonio a escala nacional por la que ya abogó el presidente Sánchez en campaña. Anuncios como estos son arriesgados en un país como España donde, a unos cientos de kilómetros, se halla otro territorio, Portugal, muy competitivo fiscalmente que ofrece una visa dorada tributaria a los extranjeros.

Penalizar el patrimonio no sólo es anacrónico sino ineficiente, dado que insta a sus poseedores a trasladarse

Por ello, numerosos bufetes se hallan bajo un aluvión de peticiones para tramitar el traslado de patrimonios. Éste es el penoso resultado de una práctica tan anacrónica y demagógica como demonizar la posesión de riqueza. Su efectividad es, además, nula, ya que se trata de contribuyentes con capacidad para desplazarse y dejar atrás a las grandes damnificadas: aquellas economías que pierden a un tipo de contribuyente clave para impulsar las inversiones y el consumo.