Cáncer de la economía sumergida en España

Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

En todos los países existe economía sumergida en mayor o menor grado y, además, hay una relación muy estrecha e inversa entre el volumen de economía sumergida y la salud de las instituciones económicas. Un alto grado de fraude fiscal no sólo reduce los ingresos con los que se financian los servicios públicos y las pensiones, sino que crea distorsiones importantes en la actividad económica. Así, las empresas que pagan religiosamente sus impuestos están en desventaja respecto a las que no lo hacen, viéndose alterada la normal competencia; y los ciudadanos que evaden impuestos sobrecargan impositivamente a los que no lo hacen, aumentado injustamente la presión fiscal de los que cumplen, con el consiguiente desincentivo al trabajo, la inversión y el ahorro. Por ello, no es de extrañar que en líneas generales cuanto mayor es el nivel de desarrollo, cuanto más alta es la renta per cápita, menor es el fraude fiscal, y, a su vez, un menor fraude fiscal incentiva el crecimiento económico y el desarrollo.

Medir la economía sumergida no es sencillo, dada la propia naturaleza oculta del fraude fiscal. Pero un profesor de la Universidad de Linz, Friedrich Schneider, ha elaborado una serie de métodos para calcular la economía sumergida de los países y, sin que podamos tomar sus números como artículo de fe, éstos nos dan una buena idea de la posición relativa que ocupan los países en esta materia. De hecho, el FMI publica regularmente los resultados de estos análisis, y, como podríamos sospechar, España no sale muy bien parada en la comparación.

La lucha contra el fraude fiscal debe ser prioritaria para incentivar el empleo y el crecimiento

En 2015, último año para el que tenemos datos, la economía sumergida en España representaba el 22 por ciento del PIB. Esta cifra es un poco menor que la de Italia, Croacia o Rumanía, pero superior a la de Bulgaria y Hungría. Solo Grecia, Malta y Chipre están claramente por encima. Para hacernos una idea, en Portugal la parte opaca de la economía no llega al 18 por ciento, Chile está en el 13 por ciento; por debajo de esta cifra, están Francia con un 11,6 por ciento, Canadá con un 9 por ciento, Reino Unido y Japón con un 8 por ciento, Alemania con un 7,8 por ciento; y, por último, los países con menor economía oculta son EEUU y Suiza con un 7 por ciento, países por cierto con muy baja presión fiscal. Los nórdicos se mueven entre el 12 y el 13 por ciento de economía opaca sobre el PIB, algo por encima de lo que cabría esperar, dado su alto nivel de renta, pero esto se debe seguramente a su alta presión fiscal. Por tanto, los datos corroboran que existe una relación inversa entre el nivel de desarrollo y la opacidad de la economía, y también una relación inversa entre fraude fiscal y presión fiscal.

Como vemos, España no queda en buen lugar, y presenta un nivel de fraude por encima de lo que le corresponde a su nivel de desarrollo. Desgraciadamente, esta es una característica que comparte con todos los países de cultura mediterránea, pero ello no es excusa dadas las enormes repercusiones que esto tiene en términos de justicia tributaria y de incentivos al esfuerzo.

La buena noticia es que la economía sumergida se ha reducido en los últimos 25 años. Así, si se compara la cifra estimada para España en 2015 del 22 por ciento con el 27,5 por ciento que se estima para 1991, se observa un notable descenso de más del 25 por ciento. La mejora de los medios de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, los cambios normativos introducidos en los últimos años para dificultar las transacciones opacas, la creciente penetración de los medios de pago electrónicos y la mayor conciencia ciudadana están detrás de la mejoría.

Esta mejora es mucho mayor que en Grecia y comparable a la de Italia o Portugal. Sin embargo, es muy e inferior a la experimentada por la mayoría de los países anglosajones, Alemania y Holanda, que, a pesar de partir con niveles de fraude mucho más bajos que España, han reducido la economía sumergida en mayor medida, entre un 30 por ciento y un 50 por ciento en los últimos 25 años.

Veamos lo que significaría reducir los niveles de fraude fiscal en España a niveles comparables con los de países de nuestro entorno. Con los datos del FMI, España tiene una economía sumergida 10 puntos de PIB superior a la de Francia. Dada nuestra presión fiscal, si estos 10 puntos de PIB pagaran los impuestos que corresponden, la recaudación fiscal sería 3,8 puntos de PIB superior a la actual, es decir, en vez de un déficit público de un 2,5 por ciento, tendríamos un superávit de más de un punto de PIB. Es decir, podríamos financiar en equilibrio todo el gasto público y, además, bajar en más de 12.000 millones los impuestos, incrementar en esa cuantía los gastos o hacer una combinación de ambas cosas. Si nos comportáramos en materia de fraude como el Reino Unido, es decir disminuyéramos el fraude en 14 puntos, entonces el margen sería de más de 30.000 millones. Y si el fraude en España fuera como el de EEUU o Suiza, el margen se dispararía a más de 38.000 millones, aunque es cierto que estos dos últimos países tienen una presión fiscal más baja que la española. Solo con que disminuyamos el fraude fiscal un 20 por ciento más respecto a lo que teníamos en 1991 (lo que han hecho muchos países) prácticamente eliminaríamos el déficit.

La conclusión es clara. En materia de fraude fiscal, seguimos a la cola de Europa y de la OCDE. La lucha contra el fraude debe ser primordial para incentivar la sana competencia, la creación de empleo y el crecimiento. Acelerando la lucha contra el fraude, como están haciendo otros países, tenemos margen para eliminar el déficit, reducir impuestos y mejorar servicios y prestaciones públicas. Esto no es sencillo, en el fraude hay muchos elementos culturales que cuesta desarraigar, pero si se ha conseguido aplicar la ley del tabaco o reducir las infracciones por exceso de velocidad, también se puede avanzar en la lucha contra el fraude fiscal.