España hace suyo el objetivo que le fija la UE de contar en su Administración pública con un 36 por ciento (como mínimo) de vehículos ecológicamente sostenibles hasta 2025. Cumplir con esa meta tendrá un importante impacto en los vehículos de mayor tonelaje. En concreto, la flota total de autobuses destinados a servicios públicos que prescindan de los motores de combustión deberá ascender al 45 por ciento. Sin duda, estas cifras se alinean con los objetivos de reducir la contaminación en las grandes ciudades y este tipo de tecnologías ya están disponibles en el mercado. Con todo, su precio aún es elevado (un bus eléctrico puede duplicar el precio de un equivalente diésel) por lo que su implantación exigirá esfuerzos a las Administraciones y a los usuarios.