Hoy por hoy, la inmediatez es a la política lo que E.ON a Endesa: un mal inevitable. En las dos últimas décadas el avance económico y social de nuestro país, de nuestras comunidades y pueblos, sólo parece medirse de bisiesto en bisiesto. A excepción del elemento patrio más untable e inmutable -tanto con tripartito como con bipartito, con el PSOE o el PP- el ladrillo, pocos proyectos públicos, grandes o pequeños, han tenido más fecha de caducidad que la que marca el calendario electoral: como máximo, cuatro años. Después se diluyen por las alcantarillas de la desmemoria con la misma rapidez que lo hacen hoy miles de hectómetros cúbicos de agua en el norte de España. Pero ni siquiera los intereses electorales, medidos en Ferraz y Génova con tanta precisión milimétrica como las oscilaciones de nivel de un pantano, puede justificar la enorme ausencia de proyectos de los que adolece el ministerio de Narbona. Cargar el gravísimo problema del agua que comienza a sufrir España sólo al bolsillo de los usuarios es un golpe bajo a la sensatez de un país consciente de que el 40 por ciento de los recursos hídricos se fugan por la red sin compasión. España está plagada de puntos negros, redes defectuosas, millares de campos de golf, depuradoras que fingen el reciclaje, piscinas que se renuevan sin control, constructores dilapidadores... Todo aderezado con una desastrosa política de reforestación -en un país con el 40 por ciento del territorio a punto de desertización- la ausencia de una política seria y rigurosa de trasvases y la falta de un plan de actualización de pantanos y embalses. Al fiasco del proyecto de las costosísimas desaladoras, se suma ahora la propuesta de gravar el agua a partir de 60 litros sobre el bolsillo de los contribuyentes. Ahorremos, claro que sí, pero todos. La lluvia que cae estos días aplaca un poco la sed de los pantanos, pero no puede paliar la sequía de ideas del Ministerio de Medio Ambiente.