El juez Garzón ordenó ayer un extenso registro en las sedes de dos bancos extranjeros -el francés BNP Paribas y el portugués Banco Espírito Santo- y dos entidades financieras españolas -Cahispa y Cartera Meridional- para buscar información sobre un presunto caso de blanqueo de capitales. Se trata de un posible delito fiscal de alcance limitado. Pero, una vez más, la actuación judicial ha sido tan espectacular que el público podría pensar erróneamente en una gran crisis bancaria. Hay que dejar claro que tanto BNP como Espírito Santo no son dos chiringuitos financieros a punto de quebrar. Llevan años compitiendo en España sin problemas y, en principio, aunque la cantidad del supuesto delito es alta -más de 1.500 millones de euros-, los depósitos de sus clientes están a salvo. Tanto como la solvencia y la seguridad del resto del sistema financiero español. Si hay indicios de que las entidades implicadas cometieron algún delito, deben ser investigadas como cualquier otro banco. Pero debe erradicarse el gusto de algunos jueces por entrar en empresas cuyo negocio depende de la confianza del público con una patada en la puerta, generando una innecesaria alarma social. BNP y Espírito Santo son dos bancos multinacionales y cotizan en las bolsas, lo que amplificará la dimensión internacional del escándalo. El episodio llega en un mal momento. Viendo la sucesión de incidentes en el sector inmobiliario -Operación Malaya, en Marbella-, en empresas parafinancieras -Afinsa, Fórum, Arte y Naturaleza-, y ahora en dos reputados bancos multinacionales, cualquier observador podría pensar que en España algo huele a podrido, cuando se trata de irregularidades aisladas. Necesitamos más eficacia y menos propaganda para luchar contra la corrupción.