La Seguridad Social afronta un duro cierre de año. Los pagos de noviembre y diciembre, más la paga extra, suponen en 2018 más esfuerzo debido a que la revalorización del 1,6 por ciento está en vigor. Por ello, se amontonan los recursos excepcionales para obtener fondos que el Gobierno necesita. No basta con el préstamo de 6.300 millones del Estado a la Seguridad Social o la ampliación de crédito a esta Administración. El Ejecutivo tendrá además que romper su compromiso de no recurrir al Fondo de Reserva. Pero aún más grave es el hecho de que estos medios no son más que paliativos del grave problema del sistema de pensiones. Su solución requiere una racionalización del gasto, incompatible con el propósito de volver a actualizar estas prestaciones con el IPC.